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La Fiscalía General alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y corrupción

Redacción | 03 de abril de 2018

Carles Puigdemont, expresidente catalán. / El Clarín
Carles Puigdemont, expresidente catalán. / El Clarín

La acusación pide que el expresidente siga en la cárcel mientras se tramita su regreso hasta España, donde será finalmente juzgado.

Luego de ser capturado en Alemania, el expresidente Carles Puigdemont ya es consciente de que será extraditado a España por la Fiscalía General alemana bajo los delitos de rebelión y malversación de fondos. En el comunicado oficial, las autoridades aseguran que seguirá en la cárcel mientras se tramita su regreso hasta España, donde finalmente será juzgado. La decisión de no dejarlo salir hasta que el proceso esté listo, es porque existe un “riesgo de fuga”, así que todo queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische que tiene hasta 60 días, prorrogables por otros 30, para terminar el proceso; sin embargo, en caso de que la defensa presente algún recurso, el proceso se alargaría.

El expresidente catalán está recluido actualmente en la cárcel Neumünster y según los argumentos de la fiscalía, las acusaciones de rebelión se mantienen y sostienen por la celebración del referéndum contrario a la Constitución española. Para el ministerio público alemán, esto trae consecuencias directas “en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición”. A pesar de esto, hay que aclarar que la ley alemana y el Código Penal español utilizan términos poco precisos sobre la alta traición y la rebelión, pero la fiscalía asegura que “no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes”.

Sobre los delitos de corrupción y malversación, la fiscalía asegura que los fondos públicos fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum sececionista del 1 de octubre de 2017, algo que es comparable con la figura delictiva de malversación que contempla el código penal alemán.

Además, recuerdan los hechos violentos que ocurrieron durante el evento y que, según las autoridades, el Gobierno catalán era consciente de que sucederían. Señalan una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, donde se alertó a las fuerzas policiales los disturbios que podrían ocurrir, “a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre”, por lo que, según las autoridades, “se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum”, y que aun así “el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum”.

En total, la Fiscalía General señala el uso indebido de 1,6 millones de euros: “Este dinero se utilizó, entre otras cosas, para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas”. @mundiario​​

 

 

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