¿Existe realmente una cultura federal en España?

La pandemia sanitaria que apareció en la pasada primavera está sirviendo para comprobar la solvencia de las estructuras económicas y políticas de las distintas sociedades. En el caso del Estado español, uno de los campos de prueba está situado en las características y funcionamiento del sistema de reparto de poder entre la Administración central y las comunidades autónomas.

En los últimos años, la organización territorial del Estado estuvo sometida a tensiones relevantes por mor de la intensidad de los conflictos, de naturaleza nacional, registrados en el seno de los tejidos sociales de Euskadi y Cataluña. La propia composición actual de los Parlamentos de esas naciones refleja la existencia de una mayoría política que no se identifica con el modelo diseñado en el vigente texto constitucional. Este factor de inestabilidad estructural -que no se da en las restantes comunidades, ni siquiera en la gallega- ha condicionado de manera notable la dinámica política estatal. Ahora, el centro del debate está colocado en otro ámbito más transversal: el modelo del Estado de las Autonomías, tal y como está conformado, ¿resulta adecuado para combatir eficazmente la grave crisis que estamos atravesando?

Como es sabido, las comunidades autónomas disponen de amplias capacidades para tomar decisiones en la sanidad, en la enseñanza y en los servicios de atención a las personas mayores. Todas estas áreas están sometidas a la presión provocada por la aparición del coronavirus. A pesar de lo que se afirmaba habitualmente por parte de la gran mayoría de los responsables políticos y de los creadores de opinión, el sistema sanitario público presentaba carencias importantes como consecuencia de las políticas de restricción del gasto público practicadas a partir del año 2010. Lo mismo cabría afirmar respecto a la situación de las residencias de mayores y a la pérdida de recursos registrada en los presupuestos destinados a la enseñanza pública. El Estado de bienestar tenía agujeros de cierta consideración que quedaron totalmente desnudados cuando la pandemia vírica inundó la vida colectiva.

El mayor o menor éxito en la respuesta de los distintos gobiernos concernidos requería el concurso de una condición necesaria: la cooperación leal entre los ejecutivos que tienen competencias en el tratamiento de los problemas más sentidos por la ciudadanía. El reto era armonizar el ejercicio de los ámbitos de poder existentes: huir de la lógica recentralizadora y, al mismo, tiempo, no caer en la tentación de practicar una competición artificial dictada por cálculos electorales de corto plazo. En definitiva, demostrar si existía, verdaderamente, esa cultura federal que varios analistas venían considerando como intrínsecamente asociada al modelo constitucional de 1978.

Cuando finalice la incidencia de la pandemia, se podrá hacer un balance más definitivo. Sin embargo, resulta pertinente adelantar la existencia de serios desajustes en el funcionamiento de las administraciones implicadas. A pesar de las declaraciones más o menos solemnes, no se acreditó realmente en las oportunidades que ofrece la estructura autonómica para dar la respuesta específica que exigen las singularidades que poseen los distintos territorios afectados (características de la dimensión y del asentamiento poblacional; capacidad asistencial derivada del volumen de recursos humanos y materiales empleados en los servicios de bienestar; estabilidad mayor o menor de las mayorías parlamentarias...). El caso concreto del PP es paradigmático: cuando el gobierno del Estado promovió el estado de alarma protestó por su implantación y llegó a descalificarlo como “dictadura constitucional”; posteriormente -cuando las comunidades autónomas recuperaron sus competencias- criticó la supuesta pasividad del ejecutivo de Pedro Sánchez. La versión esperpéntica de esa línea de actuación fue protagonizada por Díaz Ayuso: en los días pares reclamó un tratamiento diferencial para Madrid y en los impares exigió “café para todos” como condición ineludible para tener una actitud cooperativa.

Hagamos, por un momento, un ejercicio de política-ficción: ¿qué habría ocurrido si, en esta tragedia sanitaria, el PP estuviera en la Moncloa y ocupara los escaños de la oposición en todos los Parlamentos de las comunidades autónomas? No es muy aventurado afirmar que sus dirigentes estarían postulando la necesidad de transferir las competencias sanitarias para reforzar contundentemente el papel de la Administración central. Si hoy no mantienen semejante posición no es por la consistencia de sus convicciones autonomistas sino por la evidencia de la importante pérdida de poder que tal medida representaría para su sigla en distintos territorios (Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-León, Murcia...)

Si existiera voluntad política, desde el pasado mes de marzo hay suficiente experiencia empírica acumulada para establecer cambios normativos y nuevas prácticas que permitan hacer realidad esa cultura federal que quedó reducida a un catálogo de buenas intenciones retóricas. @mundiario