El estallido social inunda Chile un año después con otra agresiva ola de protestas
La volatilidad de una región que no da tregua a sus gobiernos por el profundo estado de precariedad social, económica e incluso política en el que estos han sumido a sus poblaciones, ha vuelto a quedar de manifiesto tras haberse aplacado el ciclo de tensiones civiles que, en una especie de efecto dominó, detonó una serie de protestas en cadena a lo largo de tres grandes países de América Latina a finales de 2019: Colombia, Ecuador y Chile. Hoy, los dos primeros viven en una tensa calma, pero el tercero volvió a estallar este pasado domingo. Los chilenos están hartos del actual sistema y del actual Gobierno que predominan en esa nación conocida durante un tiempo por el llamado ‘milagro chileno’.
Pero duró muy poco esa relativa percepción de estabilidad económica que Chile logró a partir de 2018 con su consolidación en el mercado mundial de materias primas (es el mayor productor y exportador de cobre del mundo), que le permitió inyectar esos flujos de capitales en inversiones que generaron millones de empleos tanto para los chilenos como para los inmigrantes venezolanos y haitianos que llegaban en masa al país huyendo de sus respectivas crisis socioeconómicas.
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Un boom de consumo, ahorro y poder adquisitivo no fue suficiente para que el Gobierno lograra tapar el sol con un dedo. No fue suficiente para que la profunda desigualdad estructural del sistema de vida en Chile quedase relegada en un segundo plano. Un ligero aumento de solo centavos en el precio del pasaje del Metro de Santiago fue el factor público que detonó una crisis social sin precedentes desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y es que ya ha se ha cumplido un año del llamado "estallido social en Chile". Esta revolución civil, protagonizada en su mayoría por jóvenes, fue conmemorada este domingo 18 de octubre con una serie de multitudinarias manifestaciones que transcurrieron, casi todas, de manera pacífica, aunque hubo enfrentamientos aislados con la policía, según reportaron medios locales y agencias internacionales como Reuters y EFE. Pero la evidencia del malestar social de los chilenos con el Estado quedó expuesta cuando una turba de manifestantes enardecidos incendiaron dos iglesias.
“Las protestas congregaron a unas 25.000 personas, entre jóvenes, adultos y adultos mayores”, según información de Carabineros de Chile reportada por medios locales, reseñó la cadena británica BBC.
Gran parte de los manifestantes se concentró desde alrededor de las 10:00 de la mañana en la Plaza Dignidad, un centro neurálgico de la capital chilena, Santiago. También hubo manifestaciones en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.
La falla del sistema chileno
La ingobernabilidad ha regresado para obstruir políticamente el intrincado curso del Gobierno de Sebastián Piñera, quien fue presionado en octubre de 2019 por las exigencias de renuncia debido a que el 90% de la población chilena desaprueba su gestión. Las demandas sociales se concentran en una reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud, a los servicios públicos como la electricidad y el agua, e incluso en el transporte público, pues todos esos sectores están en manos de un monopolio de empresas privadas de las cuales se beneficia el Gobierno y estas cobran tarifas exorbitantes a la población, que devenga un salario mínimo mensual de 350.000 pesos (444 dólares), aunque el costo de la vida en este país sudamericano supera el 1 millón de pesos (1.269 dólares).
La cadena BBC reportó que en la tarde se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los Carabineros y entre barras de equipos de fútbol, según medios locales. Carabineros también reportó saqueos al menos a dos locales comerciales de la capital.
Además, los manifestantes quemaron dos iglesias de Santiago. La primera fue San Francisco de Borja, iglesia "institucional" de Carabineros. Según esta institución, los atacantes también saquearon algunas piezas del templo. Como resultado, cinco personas quedaron detenidas, entre ellas un cabo segundo de la Armada. Carabineros condenó el hecho e indicó que "se aplicarán las normativas y medidas disciplinarias institucionales".
Las heridas sociales se han expandido de una forma endémica en Chile y eso ha creado un trauma civil, e incluso cultural, que derivó en una alteración sistémica de la conducta colectiva, dejando como consecuencia un foco creciente de vandalismo y desorden público a gran escala, que a su vez maximiza los costos de represión para el Estado chileno y el Gobierno de Piñera cuando ya pesan innumerables denuncias contra Carabineros (Policía del Estado) por violaciones de derechos humanos.
“Otras 10 personas quedaron detenidas por otros disturbios en la zona de Puente Alto, en Santiago”, según Carabineros.
Horas más tarde, otros manifestantes quemaron la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de Santiago. Las llamas derribaron la cúpula de este templo.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este lunes que “la mayoría de los ciudadanos del país quieren vivir en democracia y en paz, luego de una noche de extrema violencia, en la que hubo un muerto por disparo de bala y fueron detenidas más de medio millar de personas”.
Más inestabilidad política
Esto implica que el Gobierno ya reconoce que existe un estado de alteración pública que, pese a haber sido neutralizado con el estallido de la pandemia de coronavirus, su contención no benefició políticamente por mucho tiempo a Piñera debido a que la gran exigencia de la población es una reforma total a la Constitución para cambiar las reglas de la economía en pro de equilibrar las condiciones de trabajo, estudio y de acceso a las oportunidades de desarrollo para todos los segmentos de la sociedad chilena.
"Vimos a una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo, incluyendo el incendio de dos iglesias de alto valor histórico. La inmensa mayoría de los chilenos queremos vivir en democracia y en paz", aseguró el mandatario conservador.
No se sabe el alcance futuro que podría tener este nuevo estallido social en el país con la economía más estable de América del Sur, pero lo cierto es que las fallas estructurales del sistema chileno han vuelto a poner en tela de juicio la viabilidad de su actual Gobierno, de la actual configuración del Estado y de las normas económicas que regulan la vida pública de esa sociedad tan fragmentada. @mundiario
