España insiste en la tasa Google y será aprobada con el nuevo Gobierno
España plantará cara a Estados Unidos e impondrá un tributo especial a ciertos servicios digitales en cuanto se forme el nuevo Gobierno. El reto a la primera potencia mundial es que este impuesto estará basado en el que ya existe en Francia, y por el que este país ha sido castigado por Estados Unidos con una subida del 100% en los aranceles. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, es una firma defensora de este tipo de impuestos a fin de gravar actividades que no tributan hoy por hoy y que modernizan el sistema tributario del país.
El actual Ejecutivo en funciones ya había debatido esta oportunidad en el acuerdo con Podemos de octubre de 2018 para los Presupuestos de este año. El último Consejo de Ministros incluso dio el visto bueno a la aprobación de un decreto con el impuesto a algunos servicios digitales, bautizado como tasa Google, con el cual pretendía juntar hasta 850 millones de euros. El proyecto llegó a ser enfilado en el Congreso pero nunca fue tramitado pues las Cortes fueron disueltas y se llamaron a nuevas elecciones.
El País cita a sus fuentes en Hacienda para explicar que el impuesto será igual para todas las empresas digitales sin importar su país de origen. También asegura que el plan pasa por aprobar conjuntamente en el ámbito ya sea de la UE o de la OCDE. Como sea, no se anticipa que eso vaya a suceder sino hasta finales de 2020 en el mejor de los casos. Por eso, países como Francia han echado a andar en sus propias leyes, lo cual ha enfurecido a Estados Unidos. La primera potencia mundial amenazó con subir aranceles hasta el 100% a todos los productos llegados desde Francia, a lo que Burselas respondió asegurando que devolverá el golpe "unida".
3% de gravamen
El tributo planteado por España era del 3%, el cual se aplicaría sobre ciertos servicios digitales que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos en el país superen al menos los tres millones de euros. El decreto contaba con tres hechos sujetos a imposición en el que la participación de los usuarios es vital para la creación de valor, explica El País: publicidad para usuarios de una interfaz digital (es decir, páginas web, plataforma tecnológica, software o red social); plataformas para que las personas puedan localizar a otras personas y comerciar con ellas; venta o cesión de datos acumulados de diversos usuarios de cualquier página o plataforma. @mundiario
