¿Es suficiente el "frente común" institucional ante el caso de Alcoa?
Los portavoces parlamentarios de los grupos de la oposición en el Parlamento gallego han insistido en que la "prioridad" es paralizar el ERE de extinción. El presidente del comité de empresa de la fábrica en A Coruña ha pedido "celeridad" al Ejecutivo central.
El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha valorado el "frente común" de las administraciones evidenciado este jueves con la reunión celebrada en Madrid. No obstante, ha insistido en que hay que aplicar la ley si Alcoa "no dialoga".
En declaraciones a Europa Press recogidas por La Vanguardia, Corbacho ha reiterado que el hecho de que haya "una unidad de acción" por parte de todas las instituciones "es importante". "Y que todas piden la retirada del ERE", ha apostillado. Sin embargo, ha subrayado que si la empresa lo mantiene, "quedan 20 días", ha dicho sobre su aplicación.
Por ello, ha pedido "celeridad" al Ejecutivo central. "Hay que pasar a la acción, el Gobierno tiene que actuar", ha señalado en alusión a la retirada del ERE, pero también a la posibilidad de estudiar que se intervengan las plantas de A Coruña y Avilés si la empresa "no dialoga".
De hecho, los portavoces parlamentarios de los grupos de la oposición en el Parlamento gallego, Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG), han insistido en que la "prioridad" es paralizar el ERE de extinción anunciado por Alcoa para sus factorías de A Coruña y Avilés, ya que se trata de una "situación de urgencia" en la que "están corriendo los plazos".
El Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La medida fue anunciada el pasado jueves por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, luego de mantener una reunión con los presidentes del Principado de Asturias, Javier Fernández, y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Además, el Gobierno y las instituciones autonómicas de ambas comunidades acordaron "unidad de acción" para pedir a la empresa la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo "para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo", según señaló Maroto. @mundiario
