Los empresarios rompen con el Gobierno por no ser consultados sobre la renta mínima

El fino hilo que a medias tintas unía a los empresarios y al Gobierno se ha roto. Inundada y saturada de liquidez que presiona el sistema fiscal del Estado al máximo de su capacidad, la administración de Pedro Sánchez decidió aplicar una política de elevado shock socioeconómico: inyectar más liquidez por la vía de los subsidios, la típica estrategia de todo gobierno socialista de correr hacia adelante cuando la premura de una crisis económica comienza a pisarle los talones y a sabiendas de las enormes distorsiones fiscales que se le habían acumulado antes de la pandemia, y que ahora, con esta crisis sanitaria, se profundizan aun más en un ciclo pernicioso de recesión. 

El Gobierno optó por aprobar una renta mínima temporal con la cual se les pueda dar una manutención parcial a los hogares más afectados por el impacto económico de la crisis del coronavirus, y aunque no implica subvención total, sino una ayuda económica, el sector generador de la riqueza en España no está de acuerdo con la medida y la forma en cómo está configurada. 

Es por ello que las patronales CEOE y Cepyme -que agrupan a los grandes empresarios, emprendedores, inversores y dueños de pequeñas y medianas empresas- han anunciado este jueves que no acudirán a la reunión convocada para mañana, viernes, por el Ministerio de Trabajo para discutir con los agentes sociales las medidas dirigidas a paliar el impacto de la pandemia.

El descontento existe y es palpable debido a que el sector privado no ve la viabilidad ni la sostenibilidad fiscal a largo plazo de una medida que podría reducir la demanda de trabajo y dejar a las empresas sin mano de obra y personal para mantenerse parcialmente operativas en medio del estado de alarma.

Las organizaciones empresariales sostienen también que, en contra de lo que han afirmado fuentes gubernamentales, “en ningún momento” se les ha hecho partícipes de la negociación de un nuevo ingreso mínimo vital puente y que esta iniciativa no se ha sometido a discusión en el diálogo social.

Entonces, se da una situación de disenso absoluto entre el Gobierno y el sector empresarial, cuyas negociaciones se encuentran en un estado de incertidumbre, lo que al mismo tiempo coloca en un limbo socioeconómico a los millones de trabajadores que dependen del sector justo en un momento en que el Ejecutivo busca subsidiar el nivel social de economía española al margen de las repercusiones que la crisis tendrá inevitablemente para el eslabón más importante de la cadena: las empresas. 

"Ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, desde CEOE y Cepyme queremos aclarar que, al tiempo que compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19, en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales", señalan en la nota conjunta. @mundiario