Los empresarios piden que el Gobierno suspenda el pago de impuestos

El sector empresarial, como en cualquier país desarrollado con un sistema de capitalismo mixto (libre mercado y participación mínima del Estado), es la médula de una economía que actualmente sufre serias distorsiones fiscales con un déficit que está a punto de provocar un colapso en las finanzas del Gobierno. Es por ello que el gremio empresarial ha decidido asumir una posición defensiva, tanto de sus intereses como de la cualidad de agente proveedor de bienestar socioeconómico dentro del sistema español.

Y es que las patronales CEOE y Cepyme, después de conocer que el Gobierno ha decidido prorrogar el actual estado de alarma y tras subrayar el apoyo a las decisiones de las autoridades sanitarias, han instado al Ejecutivo a que, "de manera rápida y eficaz, proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos".

Esta reacción del gremio implica una exhortación al Estado para que congele la política tributaria con el objetivo de que las pequeñas, medianas y grandes empresas no se vean en la obligación de apalancar sus fondos de inversión y liquidez para expandir su cartera de pasivos tributarios por encima del nivel de reservas en activos y en dividendos, pues si llegase a ocurrir una situación similar, los flujos de caja del sector incurrían en saldos negativos muy perniciosos para la actividad económica y los flujos de capital con origen en el sector privado. 

Las organizaciones, en línea con las demandas expresadas el 15 de marzo, piden que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad. El alcance de esas medidas se basaría en un corte abrupto de los retornos de capital por la vía fiscal al Estado como estimulador de los presupuestos, los créditos y la liquidez orgánica enviada desde el Gobierno a través del Banco de España hacia los bancos privados que suministran préstamos a las empresas. 

Además, a juicio de las organizaciones empresariales, "no cabe ya solicitar aplazamientos por parte de las empresas, puesto que su tramitación sería en sí misma un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre, y por eso exigen que lo haga la Administración de oficio". Es decir, mientras más tiempo se extienda la ejecución de los préstamos, más capital real pierden las empresas a medida que deben sufragar todos sus pasivos laborales en tanto que esperan la aprobación de nuevos créditos para darles oxígeno a sus finanzas internas de corto plazo. 

Según las patronales, resulta evidente que "muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada y, en cambio, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes".

La interpretación que el sector empresarial español le da a esta crisis sanitaria, que ahora también devino en una crisis económica que no se veía desde la recesión de 2010, es que la economía del país no está recibiendo los caudales de financiamiento suficientes como para reducir la demanda social de subsidios y rentas por inactividad laboral o paro a niveles política y fiscalmente controlables. @mundiario