El Ejecutivo pone a las órdenes de las comunidades los hospitales privados

El Gobierno español avanza con medidas inéditas en materia sanitaria, la primera de ellas, supone la intervención de la sanidad privada para ponerla al servicio del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, serán los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas quienes podrán disponer de “todos los medios” necesarios del sistema privado para hacer frente a la epidemia.

Sin embargo, no serán los únicos recursos que podrán utilizar a partir de ahora las comunidades, bajo el mando de Ministerio de Sanidad, explica El País. “También podrán habilitarse todos los espacios públicos y privados” que puedan ser necesarios para convertirlos temporalmente en nuevos lugares asistenciales para atender a los enfermos. De esta manera, la primera de las tres órdenes aprobadas este domingo acaba con una tercera medida de tipo laboral dirigida a reforzar los recursos humanos de los centros sanitarios, muy diezmados por los contagios y cuarentenas provocados por el virus. La medida establece que todos los estudiantes en su cuarto año de residencia de especialidades como medicina interna, medicina intensiva y geriatría, entre otras, “verán prorrogada” la duración de sus contratos. 

Otra de las medidas establece que todos los estudiantes en su cuarto año de residencia de especialidades como medicina interna, medicina intensiva y geriatría, entre otras, “verán prorrogada” la duración de sus contratos. Asimismo, “quedan suspendidas las rotaciones” y se autoriza la contratación de facultativos que no hayan logrado completar su especialidad tras aprobar las pruebas de médico residente (MIR).

La segunda de las órdenes está destinada a asegurar que el Sistema Nacional de Salud dispone de todos los bienes y servicios disponibles en España que puedan ser útiles en la lucha contra el coronavirus. El Gobierno da un plazo de 48 horas a empresas y particulares que tengan o puedan fabricar materiales como equipos de diagnóstico, mascarillas gafas protectoras, guantes y otros productos médicos y farmacológicos “a ponerlo en conocimiento” de las autoridades, bajo la amenaza de sanciones para aquellos que no lo hagan.

La tercera y última de las órdenes trata de establecer unas normas sobre el “suministro de información y datos” respecto a la evolución de la epidemia. Hasta ahora estos datos los venía ofreciendo diariamente el ministerio, aunque también las comunidades los actualizaban cuando lo consideraban conveniente, lo que en varios momentos ha creado cierta confusión sobre algunas cifras. 

En la rueda de prensa de los cuatro ministros designados como autoridad competente durante el estado de alarma —Sanidad, Transportes y Movilidad, Defensa e Interior— también se avanzaron otras medidas tras la aprobación del real decreto el pasado sábado. En ese orden de ideas, José Luis Ábalos, titular de Transporte, informó de la reducción del transporte público de viajeros aéreos, marítimos y por carretera del 50%. En el caso de Renfe, la reducción será de hasta un 85%, porque además de bajar la oferta al 50%, se reduce a un tercio la capacidad de los trenes para garantizar la distancia entre pasajeros. De la misma manera, las comunidades autónomas podrán fijar la reducción que estimen conveniente en los transportes públicos regionales y urbanos, siempre que “garanticen que los ciudadanos puedan acceder a su trabajo y a los servicios básicos”.@mundiario