Los directivos imputados del BBVA pasan de declarar por el caso ViIlarejo
Los cuatro nuevos imputados del caso Villarejo han decidido hacer votos de silencio tras la extensa declaración del lunes de Francisco González. De acuerdo a El País, valiéndose de sus fuentes jurídicales, el cuarteto citado este martes por Manuel García-Castellón se negó a responder a las preguntas de los fiscales y del mismo juez. Con todo, García-Castellón todavía no ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra pese a que están siendo investigados por cohecho y revelación de secretos. Tampoco emitió ninguna medida a Juan Asúa, asesor actual del presidente del BBVAM ni contra Eduardo Arbizu, exresponsable legal; ni contra Manuel Castro, exjefe de riesgos; ni contra Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos, explica el medio ya citado. En cuanto a José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal, su interrogatorio ha sido pospuesto.
Así, los cuatro investigados han seguido la estrategia de defensa que ha adoptado la mayoría de directivos del banco que se han paseado por la Audiencia Nacional. Así como Ángel cano, quien fue consejero delegado de la entidad entre 2009 y 2015, también imputado como parte de esta pieza y quien se negó a declarar en la instrucción que se mantiene en secreto. Apenas dos personas han declarado en estas pesquisas. El primero fue Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castella Norte (DCN), empresa encargada de la Operación Chamartín y bajo control del banco vasco, que se extendió dos días para luego ser despedido. El segundo fue Francisco González este mismo lunes.
"Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar", explicó el exmandamás del banco. "Sin perjuicio de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo desconozco", prosiguió ante los micrófonos de los noticieros televisivos. Durante su declaración, de más de dos horas y media, cortó todo cabo que le ataba a Villarejo para explicar que de él no dependía la contratación de proveedores y para apuntar que el del excomisario fue un contrato que estuvo a cargo de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad y a su vez dependiente de Cano.
Este caso se hizo público en mayo del año pasado, cuando se publicaron las primeras facturas que dejaban ver que el BBVA había pagado a las empresas de Villarejos cientos de miles de euros. De acuerdo a los encargados de la investigación, los pagos se hicieron durante nada menos que 13 años, empezando en 2004, cuando Sacyr quiso adquirir a la entidad. En total, las investigaciones señalan que se habría embolsado algo más de 11 millones de euros.
García-Castellón señala que el comisario jubilado se encargo de encabezar un grupo que se hacía con datos restringidos mediante su red de contactos con las fuerzas de seguridad para luego venderlos a terceros. En ese contexto especialmente se sospecha que se enmarca la contratación de parte del BBVA, cuya trama se investiga perperdincularmente a la Operación Tándem, un macrosumario en donde se investiga la red de corrupción tejida por Villarejo. El BBVA declara como imputado este miércoles. @mundiario
