La Corte Penal Internacional sospecha que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela
A medida que la crisis económica, social y humanitaria del país más inestable de América se profundiza, los hechos revelan una realidad que no puede ser ocultada a largo plazo por el aparato de propaganda de la élite política comunista que hoy detenta el poder en esa deteriorada nación. Así como se perfila una salida potencialmente política con la mediación diplomática de la comunidad democrática internacional, lejos de cualquier aventura militar impulsada por la mayor potencia global, Estados Unidos, también se proyecta un rol fundamental de la justicia mundial sobre las consecuencias que el ejercicio autoritario y despótico de la política ha causado en esa población.
Y es que este lunes 14 de diciembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, publicó su Informe Anual de Actividades de Exámenes Preliminares en el que concluye que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”.
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Esto implica que la máxima instancia jurídica del planeta y de la humanidad -que es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad en cualquier parte del mundo- ha recabado suficiente evidencia como para sospechar, estimar y afirmar, de manera preliminar, que el Gobierno (de facto) de Nicolás Maduro es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con categoría de crímenes de lesa humanidad, delitos que no preescriben y reciben penalmente todo el peso de la ley sin posibilidad de clemencia judicial, conmutación de la pena o libertad bajo fianza.
Según reseñó la cadena CNN, el documento repasa las actividades llevadas a cabo por la oficina entre el 6 de diciembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020, e incluye reportes sobre denuncias en otros nueve países.
¿De qué es señalado el Gobierno venezolano?
Entonces, con el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, se han documentado testimonios, fotografías de daños físicos, audios y documentos forenses que certifican la participación de cuerpos de seguridad del Estado en torturas, violaciones de derechos humanos, maltrato físico, verbal, abuso sexual y violencia psicológica contra personas detenidas por motivos políticos al ser disidentes del Gobierno de Maduro, tanto civiles como dirigentes opositores y militares que se desmarcaron de su apoyo al régimen chavista, todo esto bajo la presunta complicidad, instrucción, supervisión y connivencia de las más altas autoridades militares y políticas del Gobierno venezolano, es decir, el presidente (de facto) Nicolás Maduro; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; y los comandantes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En el informe, la Fiscalía asegura que centró su análisis en “las alegaciones relacionadas al trato dado a personas detenidas en Venezuela”, y concluyó que “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Asimismo, las sanciones financieras de las grandes potencias que concentran los mercados y los flujos de capitales donde las altas esferas de poder del chavismo tienen sus riquezas derivadas del Estado venezolano, podrían ser un elemento de presión añadido a las eventuales penas que el Tribunal Penal Internacional aplique eventualmente a Nicolás Maduro y sus funcionarios si estos son imputados en 2022 o 2023 por la CPI.
De hecho, el artículo 616 inciso segundo del estatuto de la Corte Penal Internacional establece lo siguiente: “A la autoridad o funcionario público que cometa un delito de lesa humanidad se le impondrá, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años, inhabilitación especial para empleo o cargo público”.
La Fiscalía de la CPI informó también que “en la primera mitad del 2021 finalizará el análisis para determinar si existen fundamentos razonables para proceder a un análisis sobre admisibilidad”, lo que permitiría recabar nueva evidencia y proceder a formular acusaciones formales por la Corte a las personas señaladas.
¿Qué sigue ahora?
Es decir, una vez que la fiscal Bensouda remita el informe preliminar a los magistrados de la Corte, pues ella es la encargada de establecer las acusaciones correspondientes contra Maduro y su tren ministerial, los jueces estudiarán cada prueba y evidencia aportada por el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, así como por cualquier individuo o entidad venezolana, para determinar si puede admitir la demanda y, a finales de 2021 o principios de 2022, imputar formalmente al Gobierno chavista, o lo que es lo mismo, acusarlo con los respectivos cargos penales establecidos según la gravedad de los delitos que hayan cometido desde 2017 hasta la fecha.
La proporción del castigo varía de acuerdo al número de muertos que se haya producido con la responsabilidad directa o indirecta de los señalados (Maduro y su cúpula). Según el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad están denominados en estos 11 tipos de actos: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución, desaparación forzada de personas, crimen de apartheid (racismo) y otros actos inhumanos de carácter similar.
Según el informe de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el régimen de Maduro es responsable de haber cometido actos de encarcelamiento, tortura, violación, persecución a dirigentes políticos opositores y desaparación forzada bajo el accionar sistemático de organismos estatales como las FAES, el Servicio de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Si se logra comprobar la culpabilidad de las autoridades del Gobierno venezolano en esos delitos, que no prescriben, podrían enfrentar penas de hasta 12 a 15 años de prisión una vez que pierdan su inmunidad diplomática-política como funcionarios del Estado. @mundiario
