La caída de la recaudación complica aún más la elaboración de los Presupuestos del Estado
Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, afirmó este sábado12 de septiembre, tras un encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Berlín, que el Gobierno está trabajando “estos días” en la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado cuyo plan debe remitir a Europa el 15 de octubre.
La Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos al menos “tres meses antes de la expiración de los del año anterior” con el objetivo de que estén aprobados antes del 31 de diciembre. No parece que esta premisa se vaya a cumplir, una vez más, y ya sería la tercera desde 2018, tras dos prórrogas automáticas en el año 2019 y 2020. Es decir, Pedro Sánchez sigue gobernando con los Presupuestos que elaboró el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en un contexto que se antoja bien distinto.
Poco antes del decreto del estado de alarma, las cámaras validaron el marco financiero plurianual en el que debería enmarcarse el presupuesto y donde se preveía un crecimiento del 1,6% y un déficit del 1,8% este año, un 1,5% en 2021, 1,2% en 2022 y 0,9% en 2023. Seis meses más tarde este cuadro macroeconómico ha saltado por los aires y debiera ser prioridad del Gobierno tener un plan económico-financiero adaptado a la realidad española en tiempos de pandemia.
El Ejecutivo cuenta, al menos, con tres problemas: el primero, su minoría parlamentaria, que condiciona el segundo: la necesidad de salvar el escollo que requiere una mayoría absoluta en el Congreso para poder incrementar el déficit estructural y, el tercero, elegir los gastos y su prioridad así como hacer frente a una caída de ingresos sin parangón en la historia reciente del país.
El desplome de los impuestos indirectos superó el 35% hasta julio, más de 7.000 millones de euros que han dejado de ingresar las arcas públicas por IVA y cerca de 1.600 por Impuestos Especiales, a los que le seguirán el Impuesto de Sociedades o el IRPF, una vez se reflejen los efectos del confinamiento y una actividad económica al ralentí durante este año.
Ante un escenario de recortes
Esta situación, sumada a una deuda pública por encima del 100% del PIB, la falta de un colchón fiscal, el déficit estructural que arrastra el país y las mayores necesidades de gasto, abocan al Estado a elaborar unos presupuestos de crisis que contemplarán, pese a lo que opine el Vicepresidente segundo y otros ministros corales sin competencias en estas lindes, un recorte de salarios a los funcionarios y también un tijeretazo en las pensiones, acompañados de una reforma al alza de los impuestos con mayor capacidad recaudatoria –IRFP, IS, IVA, IIEE– para las clases medias, así como la creación de otros nuevos –léase impuestos ambientales–, subida de cotizaciones sociales, entre otros muchos ajustes.
Pedro Sánchez tiene por delante el reto conseguir los apoyos para sacar adelante sus primeras cuentas tras la llegada al Gobierno, pero para eso ha de situarse ante el espejo, ser realista y no maquillar la realidad, los españoles no precisan almíbar para endulzar la situación sino un ejercicio de responsabilidad por parte de su Gobierno. Y, ya puestos a ser previsores, las comunidades autónomas han de ir haciendo también la previsión del ajuste de sus cuentas y la caída de recursos a la que se enfrentarán dentro de dos años, pues el sistema de financiación autonómica hace que puedan vivir una ilusión durante este ejercicio y el siguiente, pero después tocará también ajustar el cinturón. @mundiario
