El atropello jurídico y deportivo exige una actitud firme y contundente de A Coruña

Un partido de trámite entre dos equipos de Segunda, Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, donde se dirimía el posible descenso de categoría de uno de ellos, ha derivado en un conflicto político grave, el primero que afecta al mandato de la actual Alcaldesa coruñesa.

Tras detectarse que varios de los jugadores del equipo madrileño estaban contagiados de Covid-19 y no podían jugar, se iniciaron maniobras confusas entre dicho club, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes, brazo deportivo del Gobierno. Frente a ellas, el club coruñés y la Federación de Fútbol. Como es sabido, las relaciones entre LaLiga y la Federación son una guerra sin cuartel. No solo por la personalidad de sus respectivos presidentes, sino fundamentalmente por el distinto rol que una y otra desempeñan en el ámbito del fútbol.

Simplificando, si LaLiga controla los ingresos y los beneficios de los clubes, en realidad empresas, la Federación aporta la mano de obra, los futbolistas, y el pretendido espíritu deportivo. Son posiciones antagónicas que durante los últimos años han dado muchos titulares a la prensa deportiva. Entre ambas, el CSD, presidido por la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, media, negocia y a veces se inclina por una de las partes. En el caso que comentamos, designó en su totalidad a un pseudotribunal para emitir un fallo administrativo, recurrible en la jurisdicción ordinaria.

A partir de ese momento, el problema salta a la política. Un periodista de El País publica el miércoles que la Secretaria de Estado habría llamado a la Alcaldesa de A Coruña para adelantarle el resultado de la reunión antes de que se produjese, ofreciéndole en compensación inversiones en la ciudad. La Alcaldesa utilizó una copla popular para levantar la bandera de la indignación. Posteriormente el CSD desmintió que la llamada se hubiese producido en dichos términos. Sin embargo el pseudotribunal adoptó el acuerdo previsto y el club coruñés se ve ahora expulsado a una categoría inferior, una hemorragia en términos económicos y una mala noticia para la ciudad tanto simbólica como económica.

La Alcaldía coruñesa, en un asunto ajeno a sus competencias, no solo se ve obligada a tomar partido, sino que debe hacerlo contra el fuego amigo del Gobierno central, del mismo color político. De no hacerlo contundentemente, dejará la bandera del agravio local y deportivo en manos de la oposición que a buen seguro no dejará de tomarla. Pocas actividades como el fútbol generan tanta pasión como poca reflexión. En esas condiciones el único camino posible es envolverse en la bandera deportivista y llevar el asunto a todas las instancias judiciales posibles, una vez determinadas las posibles infracciones del ordenamiento jurídico, ya sea en el orden penal, civil o mercantil.

Porque progresivamente en el citado conflicto se han visto otras actuaciones irregulares. Desde la colusión de intereses entre el Presidente de la Liga y el asesor del Fuenlabrada, su propio hijo, hasta el adelanto de fondos a los clubes para inducir el respaldo al citado Presidente, incurriendo en una conducta de administración desleal según la Federación. José Luis Gómez, director de MUNDIARIO en un artículo publicado hoy abunda en otras claves de lo sucedido.

Las razones por las que el  CSD ha tomado partido por el Presidente de la Liga, probablemente están ligadas a asuntos ajenos a la ciudad. El atropello es evidente por lo que, llegados a este punto, solo cabe que el Ayuntamiento de acuerdo con el Deportivo encomiende a un cualificado bufete jurídico el estudio y defensa del caso, incluyendo en sus demandas tanto a la Liga como al CSD, forzando a la oposición a sumarse a la única opción posible. De forma que sean los tribunales quienes valoren los hechos y establezcan en su caso las sanciones debidas. Estamos ante uno de esos casos, más frecuentes de lo que parece, en que una Alcaldía se ve obligada a optar entre los suyos (Gobierno, partido, aliados) y sus vecinos-electores. Una decisión que puede salvar o condenar un mandato. @mundiario