La anulación de Madrid Central podría poner en grave riesgo a la ciudad
Por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), se anulará Madrid Central, en base a los defectos formales que ya había alegado el PP durante su campaña de elección. Esto podría costarle muy caro al Ayuntamiento de Madrid, no solo en materia de salud y medio ambiente, también en el ámbito económico.
Protestas de Greenpeace por la contaminación en Madrid. / Página web de Greenpeace España
Madrid Central fue la medida estrella de la ex-alcaldesa Manuela Carmena, que consistía en la creación de una zona de bajas emisiones en la ciudad, entrando en funcionamiento el 30 de Noviembre de 2018. Los beneficios medio ambientales alegados en la información pública del proyecto apuntaban a la evitación de 37% de los kilómetros del recorrido en el momento y un 40% de las emisiones nocivas. Durante los primeros meses que siguieron a la implantación de la normativa no se impusieron multas, pero, a partir de marzo de 2019 se comenzó a sancionar con 90 euros, 45 en el caso de pronto pago. Lo que nos deja con unas 800.000 multas expedidas por el Consistorio.
Lanzamiento de la Declaración de Apoyo a Madrid Central firmado por la comunidad científica española. / Página web oficial de la Plataforma de Defensa de Madrid Central
Tal y como apuntan desde la Plataforma en Defensa de Madrid Central en su manifiesto, gracias a la medida se logró la desaparición del “efecto frontera” en el norte y centro de la ciudad, un incremento en el uso del transporte público en 600.000 personas y el descenso significativo los óxidos de nitrógeno.
Lo que es más, Madrid llevaba desde 2010 incumpliendo los niveles máximos de NO2 establecidos por la Unión Europea y la norma tenía el objetivo de abordar este problema.
El actual alcalde de la ciudad de Madrid por el PP, José Luis Martínez-Almeida, alzó la voz en contra de Madrid Central durante su campaña electoral, afirmando que la tramitación contaba con numerosos defectos y que le faltó participación pública y una memoria económica. Ahora el TSJM le ha dado la razón .
Sin embargo, esto podría tener graves consecuencias para su mandato, en coalición con Ciudadanos ,y para el Ayuntamiento de Madrid.
Fotografía de la Gran Vía. / Felipe Galbaldón, en licencia CC. de atribución
En primer lugar, el descenso de la contaminación en la ciudad contribuye a la bajada en la incidencia en afecciones respiratorias como la bronquitis y el asma, lo que con la amenaza del coronavirus resulta de gran importancia. Por otra parte, las 800.000 multas se traducirían en 36 millones de euros que el ayuntamiento debería desembolsar en forma de devoluciones y supondría la posibilidad de una sanción elevadísima de la Unión Europea, un gasto que al municipio le costaría afrontar. Además, queda el ángulo obvio de que salvaguardar el bienestar del planeta y el futuro de las generaciones venideras debería colocarse entre las prioridades de los dirigentes políticos.
Afortunadamente, todavía existe la oportunidad de recurrir la sentencia para evitar pérdidas millonarias y preservar los avances medio ambientales motivados por Madrid Central.
Puerta del Sol. / Tomás Fano, en licencia CC. de atribución/compartir igual
Desde Ciudadanos se entrevé un atisbo de esperanza, puesto que apoyaron el trasfondo del proyecto ya desde la campaña electoral, pese a sus críticas en la forma. Como resulta evidente, sería contradictorio que desde el PP recurriesen una sentencia que ellos mismos motivaron, pero su coalición con Ciudadanos podría funcionar como una justificación coherente en el caso de recurrir el fallo, además de la preocupación por la salud de los madrileños y la imperiosidad de velar por la solvencia de las arcas de Madrid.
Almeida afirmó que “tomar una decisión con criterios técnicos, jurídicos y no con criterios políticos” es una obligación, por lo que ha encargado un estudio jurídico sobre la sentencia.
Con todas las repercusiones potenciales, es probable que los cambios motivados por Madrid Central no desaparezcan y que no se produzca el reembolso de las sanciones, lo que sí, podríamos encontrarnos ante la posibilidad de que el ejecutivo le hiciese un lavado de cara a la norma y se le cambiase el nombre. @mundiario
