Acusación de EE UU contra Maduro por narcotráfico: qué implica esta jugada en el tablero de Venezuela

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El presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, Caracas / hondudiario.com
El jefe del régimen venezolano respondió a la imputación y ha asegurado que se trata de un plan de Washington y Colombia para "llenar Venezuela de violencia".
Acusación de EE UU contra Maduro por narcotráfico: qué implica esta jugada en el tablero de Venezuela

Las cartas están sobre la mesa y el principal factor de poder global, Estados Unidos, hace un nuevo movimiento con el objetivo de reequilibrar la balanza de fuerzas geopolíticas en un hemisferio (Occidente) que busca controlar totalmente mediante sus mecanismos de perturbación y transición en los estados autoritarios y totalitarios de América Latina, una región en la que Washington, el polo del neocapitalismo, trata de neutralizar la expansión política, diplomática, financiera y comercial de la órbita neocomunista post-soviética: Rusia y China. La pieza clave en ese complejo tablero es Venezuela. 

Este jueves, EE UU acusó formalmente al jefe del régimen y presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, por el delito de narcotráfico y ofreció una recompensa de la impresionante cifra de 15 millones de dólares a quien ofrezca información que lleve a su captura o a quienes logren capturarlo directamente.

Esta medida podría ser el preludio de una eventual escalada de la estrategia de presión total de Washington para incluir al régimen neocomunista venezolano (aliado ideológico y beneficiario financiero de Moscú y Pekín) en la lista negra norteamericana de los Estados y organizaciones que patrocinan y apoyan el terrorismo en sus distintas formas. Se trata de una acusación posiblemente sustentada en informes de la inteligencia estadounidense (CIA), que desencadenaría sanciones de mayor intensidad como bloqueos a sus exportaciones de oro y petróleo a Rusia y Turquía junto con un bloqueo naval que podría limitar y obstruir el margen de movilidad y el radio de acción de los buques de flete de crudo de las empresas que el régimen de Maduro contrata y paga con los euros en efectivo que capta de la venta del metal dorado de las arcas públicas venezolanas a los regímenes de Vladimir Putin (Rusia) y Recep Tayip Erdogan (Turquía).

El fiscal general de EE UU, William Barr, el mismo que capturó y sentenció al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, presentó hoy en una rueda de prensa la imputación contra Maduro por los cargos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. La justicia norteamericana vincula así al cabecilla del régimen venezolano y a sus funcionarios de más alto rango de la cúpula del chavismo (Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente; Tareck El Aissami, ministro de Economía, y el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa) con una estructura de malversación de fondos conectada con la maquinaria de narcotráfico de los grupos radicales y disidentes del Acuerdo de Paz de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el último escuadrón paramilitar que existió en América Latina.

Barr, con un mapa de la zona, explicó cómo el régimen de Nicolás Maduro ha apoyado el tráfico de drogas proveniente de Colombia, a través de la frontera con el estado Zulia, ubicado en el extremo noroccidental de Venezuela.

La hipótesis de que Venezuela ha sido durante años –por su envidiable posición geográfica en el extremo norte de América del Sur y en toda la costa del Mar Caribe– un puente en el extenso flujo del tráfico internacional de la droga enmarcado en la ruta de tránsito Colombia-Venezuela-Aruba-Panamá-México-EE UU-Europa, cobra más fuerza con la acumulación de información clasificada por la inteligencia estadounidense, que ahora queda demostrada con esta acusación de EE UU como estrategia geopolítica de la administración de Donald Trump para levantar un posible cerco militar y diplomático contra el régimen de Caracas (bloqueo naval).

Por otro lado, la acusación de lavado de dinero que emitió el Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro y su cúpula podría ser el modus operandi que determina el origen de los enormes flujos de euros en efectivo que actualmente ingresan y circulan en Venezuela (pagados por Moscú y Ankara). Esto se debe a que las sanciones norteamericanas le impiden a Maduro realizar transacciones en el sistema financiero internacional, que se mueve en dólares y en el cual está absolutamente bloqueado por desvíos de fondos a estructuras de capital domiciliadas en los bancos (paraísos fiscales) de Andorra y Suiza con dinero legitimado proveniente de corruptelas incrustadas en la alta gerencia de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Según el Código Penal de EE UU, cada uno de esos tres cargos (narcotráfico, corrupción y lavado de dinero) conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. No obstante, ese proceso judicial tiene un amplio y evidente trasfondo político, geopolítico y diplomático que, si bien les impediría a Maduro y su régimen desplazarse hacia Europa (como lo hizo clandestinamente a España en el Aeropuerto de Barajas -Madrid- la vicepresidenta Delcy Rodríguez) por tener orden de captura internacional, podría tomar tiempo al tratarse de una imputación ejecutada contra un jefe de Estado de facto (Nicolás Maduro) que aún tiene inmunidad diplomática y posee el control político, militar y territorial de Venezuela y, además, buscaría atrincherarse en su nación o en Rusia bajo algún tipo de acuerdo o negociación de asilo con Moscú.

"Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales", declaró hoy el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. Asimismo, el llamado 'número dos del chavismo', Diosdado Cabello (alto líder con influencias en la élite militar venezolana), ha sido objeto de pesquisas y citaciones en una corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en circuitos del narcotráfico desde Venezuela hacia el Caribe.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que su despacho ofrecerá recompensas en efectivo de hasta 55 millones de dólares "por información que lleve al arresto a fallos de culpabilidades para Maduro y cuatro de sus allegados". Las recompensas, de hasta 15 millones de dólares para el mandatario socialista y hasta 10 millones para cada uno de los otros, se ofrecen mediante el Programa de Recompensas de la División de la Lucha Antinarcóticos de EE UU, que ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas a cambio de información sobre 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986.

“Al ocupar altos cargos en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar el transporte de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aeronaves que salen de una base aérea venezolana, y el control de rutas de droga por los puertos de Venezuela”, indicó Pompeo en una declaración.

Maduro reacciona

Por su parte, el presidente venezolano de facto, Nicolás Maduro, respondió a la acusación estadounidense y desde su cuenta de Twitter esgrimió la siguiente afirmación: "¡Ratifico mi denuncia! Desde EE UU y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!".

El pasado martes, Maduro denunció en cadena nacional que desde Colombia se gestiona un presunto plan para trasladar armamento pesado a la frontera entre la nación neogranadina y el territorio venezolano con el objetivo de ejecutar un atentado en su contra para disuadirlo de abandonar el poder. Precisamente, esa acusación inicial del líder chavista parece cobrar fuerza luego de que hoy, un mayor general retirado de la Fuerza Armada venezolana, Clíver Alcalá Cordones, revelara en una entrevista exclusiva a Infobae, que esas armas eran parte de un acuerdo entre él y Juan Guaidó (líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por 56 países) junto con asesores estadounidenses, que tenían como fin "ser utilizadas en una operación contra Maduro" en el marco de un contrato entre agentes nortemericanos y empresas contratistas de EE UU como parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), invocado por Guaidó en septiembre de 2019.

Con fuentes ligadas al partido de gobierno (PSUV), el equipo de MUNDIARIO tuvo acceso a un audio exclusivo vía Whatsapp grabado por el segundo hombre más poderoso del régimen venezolano, Diosdado Cabello, donde esboza la siguiente declaración, que procedemos a citar textualmente:

"Aquí nadie se desmoraliza. Aquí levantamos la cara, nos ponemos el morral y el fusil al hombro. En lo personal yo me siento muy tranquilo y con alta moral para el combate. Hablé hace poco con el presidente (Maduro), su actitud es la misma. Esas son las acciones desesperadas del arrogante imperialismo (EE UU) cuando está siendo derrotado. Lo cierto es que no pueden con nosotros y lo que les queda son argumentos de este tipo. Que no nos pongan a la defensiva y la verdad va a salir a relucir más temprano que tarde. Jamás y nunca van a presentar contra ninguno de nosotros (Padrino López, El Aissami, Cabello y Hugo Carvajal) ningún tipo de vinculación. Esto lo sacó EE UU para que los que están pidiendo el cese de las sanciones contra Venezuela se callen la boca. Michelle Bachelet (comisionada de DD HH de la ONU) no va a decir más nada y la Unión Europea se va a meter la lengua en el rabo porque el irracional de Trump vuelve a arremeter contra nosotros creyendo que con eso nos vamos a intimidar. Nosotros perdimos hace tiempo la capacidad de sentir miedo. Ya perdimos el miedo para las agresiones, las amenazas y para cuidar nuestras vidas. No es eso lo que nos preocupa", dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. 

La última acusación de EE UU por narcotráfico contra un presidente en funciones fue la que motivó al entonces gobierno de George Bush (padre) a autorizar al Ejército norteamericano la ejecución de una operación de intervención rápida en Panamá, el 20 de diciembre de 1989, para desmantelar a las Fuerzas de Defensa de ese país y capturar a Manuel Antonio Noriega, dictador militar y presidente panameño desde 1984, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. 

Dada la configuración de la actual correlación global de fuerzas, y tomando en cuenta que este proceso judicial de EE UU es también una estrategia política de Washington para inducir tensión, fricción y fragmentación en el para-Estado controlado por Maduro, una negociación diplomática entre el régimen venezolano y el Gobierno de Rusia podría ser la opción del mandatario chavista para resguardarse de un eventual escenario en el que EE UU decida apelar a su política exterior de uso unilateral de la fuerza contra el flagelo del narcotráfico, premisa invocada reiteradamente por el propio Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, bajo el argumento de que "todas las opciones están sobre la mesa; incluidas las más fuertes, y ustedes saben a lo que me refiero", según les dijo el presidente estadounidense a medios internacionales hace meses. @mundiario

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