Bruselas pone límites al plan de Sánchez: dudas sobre perseguir a los directivos por contenidos ajenos

La ofensiva regulatoria del Gobierno de Pedro Sánchez contra las grandes plataformas digitales ha abierto un frente inesperado en Bruselas. Mientras el Ejecutivo español defiende la necesidad de endurecer las reglas para frenar el odio, la desinformación y los abusos en redes sociales, la Comisión Europea ha expresado serias dudas sobre uno de los pilares del plan: la posibilidad de perseguir penalmente a los directivos de estas compañías por los contenidos que publican terceros en sus servicios.

La advertencia no es menor. “¿Es responsable un director general de lo que se publica en Internet? Es muy difícil”, afirmó Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales. Sus palabras apuntan directamente al núcleo del debate y anticipan un posible choque entre la iniciativa española y el marco jurídico europeo, en particular el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la norma comunitaria diseñada para regular el funcionamiento de las grandes plataformas.

Bruselas concibe que la DSA se centra en la responsabilidad de las plataformas como entidades, no en la de sus ejecutivos a título individual. Según explicó Regnier, esta distinción fue deliberada durante la negociación de la norma comunitaria. “¿Se puede, en términos generales, responsabilizar a los directores generales de lo que ocurre en las plataformas? Se trata de un debate muy largo que lleva años existiendo, también dentro de la Comisión y con nuestros Estados miembros, y también cuando se negoció el DSA. ¿Se trata también de una exención de responsabilidad? (…) esta es precisamente la razón por la que el DSA no lleva a cabo investigaciones penales",

La Comisión insiste en que, incluso en casos graves como la manipulación algorítmica, el sujeto responsable es la empresa, no la persona física que la dirige. “No perseguimos a individuos con el DSA. Nos centramos en las plataformas. Por tanto, si el director ejecutivo promueve algorítmicamente a un partido político y reduce la visibilidad de todos los demás, no se convierte en responsable. La plataforma se convierte en responsable”, subrayó el portavoz. Este enfoque busca garantizar una aplicación homogénea de la ley en toda la Unión Europea y evitar interpretaciones divergentes entre Estados miembros.

Un debate jurídico en el seno de la UE

Más allá del debate de fondo, Bruselas ha puesto el foco en otro aspecto clave: los límites de actuación de los Estados miembros cuando existe una normativa europea plenamente vigente. El DSA y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) tienen, según la Comisión, un claro efecto de “armonización”. Esto significa que los países no pueden imponer obligaciones adicionales a las plataformas en los mismos ámbitos regulados por la legislación comunitaria.

Desde esta perspectiva, una reforma penal nacional que castigue conductas ya contempladas en el DSA, como la que propone Sánchez, podría entrar en conflicto con el derecho europeo. De materializarse ese choque, la Comisión podría incluso abrir un procedimiento de infracción contra el Estado miembro, pero como ha destacado Reigner, “no hay todavía un borrador de ley”. Sin embargo, cuando el Ejecutivo comunitario no quiere inmiscuirse en asuntos de política doméstica suele quedarse en este extremo, pero el portavoz francés disertó ante la prensa sobre la naturaleza de las leyes que regulan las plataformas.

El cuestionamiento de Bruselas llega en un contexto de fuerte tensión política. Las propuestas de Sánchez han provocado duras reacciones de figuras como Elon Musk, propietario de X, o Pável Dúrov, fundador de Telegram, que han denunciado una supuesta amenaza a la libertad de expresión. El Gobierno español, por su parte, interpreta estas críticas como una prueba del poder excesivo que han acumulado los grandes actores tecnológicos y de la necesidad de ponerles límites.

Sin embargo, la posición de la Comisión Europea incide en que el problema no es tanto el objetivo de la regulación como el instrumento elegido. Bruselas no cuestiona que España pueda fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales —una competencia nacional—, pero sí muestra reticencias cuando la iniciativa entra en terrenos ya regulados a escala comunitaria, como la responsabilidad por contenidos o la supervisión algorítmica.

Una prueba de fuego para la soberanía regulatoria

El pulso entre Madrid y Bruselas revela una tensión estructural en la gobernanza digital europea: hasta dónde pueden llegar los Estados miembros cuando consideran que las normas comunes no bastan. La Comisión Europea se mueve con cautela, consciente de que una fragmentación regulatoria debilitaría el mercado único digital, pero también de que la presión política para actuar contra los excesos de las plataformas es cada vez mayor.

El plan de Sánchez aún no se ha traducido en un texto legal concreto, y ese detalle es clave. Solo cuando exista un proyecto de ley, la Comisión podrá analizarlo formalmente y decidir si encaja en el marco del DSA o si lo desborda. Hasta entonces, las declaraciones de Bruselas funcionan como una señal de advertencia, regular las redes sociales es legítimo, pero hacerlo al margen —o por encima— del derecho europeo puede tener un alto coste político y jurídico.

En ese equilibrio delicado se juega ahora la credibilidad del proyecto español y, en parte, el futuro de la regulación digital en la Unión Europea. @mundiario