Imponen una multa de 300.001 euros al dueño del pozo donde murió el pequeño Julen
El ejecutivo andaluz ha multado a David Serrano, el dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde hace un año y medio murió el pequeño Julen Roselló, y contra la que su defensa no ha presentado alegaciones.
La Junta propone además una sanción de 30.000 euros al pocero que realizó. La sanción ha sido decidida por haber realizado un pozo sin pedir permisos, tener autorización o siquiera un proyecto técnico.
El 15 de enero de 2019, Julen, se cayó por un foso excavado en el paraje denominado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, lugar en el que los técnicos de la Junta constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que “no estaba tapado ni entubado”, y el 26 de enero se localizó el cadáver del menor en el interior del citado pozo. El 8 de febrero la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería que el titular catastral de la parcela donde se halla el pozo no tenía la autorización previa de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una solicitud para ello, ni había presentado el proyecto técnico de las obras.
En esa línea, con un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existían "dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión: el primero, tapado o sellado y el segundo, sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cayó el menor".
La caída de Julen Roselló por el pozo mientras la familia pasaba un día de campo con unos amigos mantuvo a España atenta durante 13 días a la espera de poder recuperar el cuerpo del pequeño. El caso fue a los tribunales porque los padres consideraron que no habían sido advertidos del riesgo existente al estar el pozo abierto, aunque al final hubo acuerdo al existir la voluntad de evitar a los padres revivir todo lo sucedido aquellos días.
Finalmente el dueño de la finca aceptó los hechos y fue condenado a un año de prisión, que evitó al no tener antecedentes. Asimismo, se le impuso una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 175.000 euros, que al estar desempleado pagaría en pequeñas cuotas mensuales tras abonar a los padres un primer pago de 25.000 euros. @mundiario
