La vacunación obligatoria de los trabajadores de residencias abre un nuevo debate en España

Una trabajadora en una residencia de ancianos. Twitter.
Una trabajadora en una residencia de ancianos. / Twitter.

Las cuatro grandes patronales piden la misma medida que ya se ha aprobado en Francia e Italia: que la inmunización sea obligatoria para los empleados de estos centros. 

La vacunación obligatoria de los trabajadores de residencias abre un nuevo debate en España

El debate está servido en España: ¿La vacunación debería ser un requisito indispensable para poder trabajar en residencias o centros de salud? La opción divide a las comunidades, el Ministerio de Sanidad, los expertos y los empleados, pero el aumento de contagios y fallecimientos entre ancianos en las residencias obliga a modificar la estrategia actual. 

Los datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dan cuenta de una situación que comienza a empeorar… otra vez: del 26 de julio al 1 de agosto se registraron 71 fallecimientos en mayores a causa de la covid-19, el doble que los 36 de la semana anterior. Además, los contagios se han multiplicado en el último mes: 1.150 nuevos casos positivos en esa misma fecha. Lo “bueno” es que la letalidad en los centros de asistencia continúa estando por debajo de los registros de oleadas anteriores: 6% entre el 8 de marzo y el 1 de agosto, frente al 20% entre el 4 de enero y el 1 de agosto.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que en las residencias hay tres vectores de contagio (las visitas, las salidas y los empleados), las cuatro grandes patronales de residencias han dado un paso al frente para pedir que las vacunas sean obligatorias entre los trabajadores, una medida que ya se ha aprobado en otros países, como Francia e Italia. 

“Es una cuestión de ética asistencial. Prevalece el derecho de la parte más débil a proteger su salud”, ha explicado Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Por su parte, Juan Vela, presidente del Grupo Social Lares, ha valorado que “solamente con la vacuna y con las medidas de prevención se puede luchar contra esta enfermedad: vacuna, mascarillas, higiene personal y distanciamiento”. “Las residencias son sitios muy especiales, donde hemos prohibido visitas durante meses, salidas… Para proteger un bien supremo, su salud, hemos tenido que condicionar de forma muy dura su vida. No me parece ni profesional ni ética ni moralmente aceptable. Creo que debería ser un requisito en instituciones sociosanitarias”, apunta Jaime Jesús Pérez, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología. 


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¿Cuántos empleados de residencia han rechazado la vacuna?

El Ministerio de Sanidad no tiene datos, pero defiende que la tendencia es minoritaria. Lo que sí es un hecho es que el escenario es muy distinto en función de la autonomía: en Murcia y Cataluña, el 5,8% y el 7,8% de los trabajadores, respectivamente, no tienen la primera dosis puesta (aunque no está claro por qué). En Valencia, el dato de los no vacunados es del 4,7%. En Andalucía, del 2,7%. En Galicia y en Extremadura no llegan ni al 1%. Mientras regiones como La Rioja o Madrid aseguran que los “anti-vacuna” son minoría, pero no precisan números. En el otro extremo, el mayor porcentaje se registra en Aragón, donde el 10,4% de los empleados de residencias de mayores han rechazado el pinchazo, lo que equivale a unas 1.300 personas

En el escenario actual, José Martínez Olmos y Alberto Infante, dos expertos en la materia, han defendido que estas cifras “no suponen un problema de salud pública”, al tiempo que recalcan un hecho: en España la aceptación a la vacuna es muy elevada. “En estos centros prácticamente el 100% de los mayores está vacunado, así como la gran mayoría del personal, y la vacuna no garantiza que no se infecten”, ha dicho Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. “Convendría que todo el mundo se vacunase, pero no soy partidario de obligar, focalizar en los profesionales sería incorrecto. La clave está en que todos tengan la cautela necesaria y adopten las medidas preventivas”, añade. “Son muy pocos, ¿pero aceptaríamos que uno de cada 100 cirujanos no se lavase las manos, por pocos que sean?”, plantea Pérez.

¿Qué dice Sanidad? 

Desde el inicio de la campaña de inmunización, el departamento que dirige Carolina Darias se ha mostrado reacio a la opción de que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores de residencias o los sanitarios. Hasta ahora, Sanidad ha negado la solicitud de varias comunidades, alegando que en España la inyección no es obligatoria para nadie y que esta opción iría en contra de la estrategia que las autonomías se han comprometido a cumplir. 

Sin embargo, el ministerio si estudia otras medidas “especiales” para los trabajadores del sector que no se inmunicen. La realización de dos pruebas diagnósticas a la semana a los trabajadores que no quieran vacunarse o incluso el cambio forzoso de su puesto para que no estén en contacto con los residentes, son algunas de las alternativas que se han discutido en la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, órgano dependiente de la Comisión de Salud Pública que trabaja en las medidas. 

“Se habla de una colisión de derechos fundamentales. Pero, ¿cuál es el derecho de un empleado cuyo trabajo es cuidar de la salud de los mayores en las residencias? ¿Qué se pone por delante? Es un tema complejo, pero después de todo lo que ha pasado, la obligatoriedad no debería ser cuestionada por nadie. Que se respete su derecho, pero entonces no pueden trabajar en una residencia”, resumen Miguel Vázquez, presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE).

Médico sosteniendo la mano de un anciano. Pexels.

Médico sosteniendo la mano de un anciano. / Pexels.

 

El embrollo legal 

En España la vacunación es voluntaria, lo que significa que ni las residencias ni los centros de salud pueden exigir (y menos imponer) a sus trabajadores que se vacunen. Para que esta opción sea viable, el Gobierno tendría que adoptar un cambio legislativo, según explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. “Es una cuestión de salud pública y no de prevención de riesgos laborales”, comenta. “Actualmente ni se puede despedir a alguien por no tener la vacuna ni se puede publicar en un anuncio de trabajo, por ejemplo, porque sería considerado discriminatorio en un juzgado”. 

Otros expertos consideran que no estamos en un escenario en el que el Ejecutivo pueda implementar una norma para instaurar la vacunación obligatoria en todo el país. Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, adelanta que, de ocurrir, es probable que dicha medida acabara recurrida al Constitucional. @mundiario

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