La justicia europea respalda la prohibición de símbolos religiosos en la administración pública

Una mano sujetando un crucifijo. / RR SS.
Una mano sujetando un crucifijo. / RR SS.

La sentencia, basada en el principio de neutralidad del servicio público, establece que la norma debe aplicarse de manera general e indiferenciada y limitarse a lo estrictamente necesario.

La justicia europea respalda la prohibición de símbolos religiosos en la administración pública

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia este martes respaldando la facultad de las administraciones públicas para prohibir a sus empleados el uso de símbolos religiosos visibles en el lugar de trabajo. La decisión se fundamenta en el principio de neutralidad del servicio público y establece que dicha norma debe aplicarse de forma "general e indiferenciada" y restringirse a lo "estrictamente necesario".

La sentencia surge a raíz de una consulta prejudicial presentada por el tribunal laboral de Lieja (Bélgica), relacionada con una empleada del Ayuntamiento belga de Ans. La trabajadora alegaba la vulneración de su libertad religiosa y discriminación, ya que se le prohibió llevar un pañuelo islámico en su lugar de trabajo, a pesar de no tener contacto directo con el público en su rol como jefa de oficina.

El tribunal europeo sostiene que una administración pública puede prohibir el uso visible de cualquier símbolo que revele convicciones filosóficas o religiosas, siempre que esta medida se aplique de manera "general e indiferenciada" a todo el personal y se limite a lo estrictamente necesario. La sentencia no considera discriminatoria una norma de este tipo, siempre y cuando se cumplan estos criterios.

La situación específica que llevó a la consulta involucraba a la empleada del Ayuntamiento de Ans, quien, tras la prohibición inicial, desencadenó una modificación en el reglamento laboral del ayuntamiento, imponiendo una estricta neutralidad que prohíbe cualquier forma de proselitismo y el uso de signos visibles de convicciones ideológicas o religiosas para todos sus empleados.

Estricta neutralidad pública

El TJUE concluye que la política de estricta neutralidad pública de una administración puede estar "objetivamente justificada por una finalidad legítima", siempre y cuando sea "adecuada, necesaria y proporcionada". No obstante, destaca que se justifica permitir el uso de signos visibles de convicciones de manera "general e indiferenciada", evitando hacer distinciones entre religiones o creencias, especialmente para aquellos empleados en contacto directo con el público.

El tribunal europeo deja en manos de cada Estado miembro y de las entidades infraestatales la definición del concepto de neutralidad del servicio público en el ámbito laboral, siempre asegurándose de que se respeten las exigencias de congruencia y limitación a lo estrictamente necesario. @mundiario

Comentarios