Pensiones: la sombra de un futuro que se aleja
Los demógrafos sitúan el baby boom entre los años 1957 (cuando en España comenzábamos a perder de vista la cartilla de racionamiento) y 1980 (cuando los españoles empezábamos a creer en la democracia posible). Esa etapa fecunda en cuanto a nacimientos fijó estos en los 600.000 niños anuales, que son los que, previsiblemente, cumplirán los 67 años en 1980, edad en la que -según los sistemas de pensiones de jubilación actuales- podrán comenzar a percibir estas en el año 2047. La esperanza de vida de estos jubilados será de 82 años y 5 meses (con una media de vida como promedio de algo más de 15 años).
Desde el año 1986 no se registraban en España datos sobre el IPC que alcanzaran los dos dígitos, hecho que ha estado a punto de reproducirse el pasado mes de abril, cuando el citado índice de precios al consumo (IPC) se quedaba a tan solo 1,7 puntos de alcanzar la mítica cifra de los dos dígitos: 8,3%.
La cuestión, ahora, es -además de tratar de reducir el IPC- establecer salarios que permitan un horizonte de optimismo que a ninguna de las actuales generaciones ha alcanzado. La CEOE ya ha sembrado en este sentido y habla de aplicar un incremento del 8% escalonado en los próximos tres años. Con estas previsiones, las expectativas en torno a la hucha de las pensiones -y los pensionistas- son más bien sombras "que caen en picado" en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno: pasó de un fondo común de 66.000 millones de euros en el año 2011 a los 2.000 en 2021.
UN MECANISMO DE EQUIDAD QUE NO GUSTA
El Ministerio de Inclusión y los agentes sociales quieren regular un nuevo sistema de pensiones. Para culminarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aumentar la cotización adicional en el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) un 0,6% durante dos años a empresas y trabajadores con el fin de garantizar la sostenibilidad del mencionado sistema.
Este giro gubernativo es positivo para los sindicatos, como lo es también la derogación del factor de sostenibilidad impuesto por el PP. De cualquiera manera matizan la que sería su aplicación de la distribución de ese 0,6% de cuota. Es más: la propuesta del Gobierno debe ser mejorada en términos de suficiencia y en la distribución de la cotización entre empresas y trabajadores.
Para el Gobierno ese incremento del 0,6% debe distribuirse entre las empresas (un 0,4%) y el trabajador (un 0,2%).
SEGUIR TRABAJANDO
Todavía no se ha logrado el acuerdo. Las partes deben seguir trabajando hasta que se presenten propuestas alternativas, lo que no debe entenderse como una desavenencia o desencuentro entre ellas. Muy al contrario, las partes constaban la existencia de avances en la negociación. El objetivo de esta no es otro que la aprobación de la que se entiende como segunda parte de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo antes que de finalice el año.
El ministro José Luis Escrivá prevé que los presupuestos de la Seguridad Social para este año se desmadren en más de 35.000 millones de euros entre cotizaciones y prestaciones, a la vez que pretende asegurar una reserva de algo más de 52.000 millones de euros con los que hacer frente al pago de las jubilaciones de la generación conocida como la del "baby boom" cuyo descuadre aumenta con el pago de prestaciones no contributivas como las de maternidad, orfandad y viudedad que se afrontan con cargo a las cotizaciones salariales.
SUBIR LAS COTIZACIONES MEDIO PUNTO
La propuesta a debate se centra en la creación, a partir del próximo año, de un fondo que se sustentaría mediante la subida de las cotizaciones en medio punto. Estos recursos podrían utilizarse exclusivamente a partir de 2032 para completar la cobertura de las nóminas mensuales de las pensiones, sin otras contingencias.
La urgencia del sistema de pensiones español es consecuencia del vaciado efectuado en la hucha de los gobiernos de Mariano Rajoy, realizada en 2017, por el pago de otros gastos del sistema a 8.095, fondo que al cierre del año 2011 -cuando Rajoy logró la presidencia del Gobierno- acumulaba un total de 66.815, con el objetivo de ser revisado en 2.050, el año que según todas las previsiones se va a producir la mayor disfunción entre los ingresos y las prestaciones. El recargo previsto -todavía no definido- sería "contingente y temporal" con el objetivo directo de "afrontar las jubilaciones de las cohortes más numerosas".
El Ministerio de Inclusión busca la posibilidad de que la Mesa del Diálogo Social pueda cerrar un acuerdo antes del 15 de noviembre. En una primera lectura la CEOE rechazó la propuesta y los sindicatos acogieron esta con interés. @mundiario
