Singapur ejecuta a un preso condenado por traficar con un kilo de cannabis
La ONU había pedido al gobierno que “reconsiderara urgentemente” la ejecución de Tangaraju Suppiah, quien, según familiares y activistas, no recibió el asesoramiento legal adecuado.
Singapur ha ejecutado este miércoles en la horca a un Tangaraju Suppiah, un singapurense de origen tamil y de 46 años, condenado a la pena capital en 2018 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” con un kilo de cannabis. De esta manera, las autoridades han ignorado las peticiones internacionales de clemencia, entre ellas, la de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Singapur, que había solicitado que se “reconsiderara urgentemente” el fallo.
La “escandalosa” decisión ha acaparado la atención internacional, pues se trata de un delito relacionado con una droga cuyo uso medicinal está legalizado total o parcialmente en más de 40 países (entre ellos, Tailandia), además por las múltiples irregularidades en el proceso que la familia había denunciado.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno ha mostrado no tener piedad”, ha denunciado este miércoles en un comunicado Leela Suppiah, hermana del Tangaraju, quien fue ahorcado alrededor de las 6:00 de la mañana hora local en la prisión de Changi, ubicado en el extremo oriental de la isla.
“Conspiración de tráfico”
Tangaraju había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur. Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión. No obstante, sus parientes y activistas han denunciado que el hombre, quien consumía marihuana desde la adolescencia, no recibió el asesoramiento legal adecuado, que se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la policía y que la Fiscalía no reveló en ningún momento pruebas claves para el caso.
Kokila Annamalai, portavoz de Transformative Justice Collective (TJC), una ONG local que pide la derogación de la pena capital, manifestó que están “acostumbrados a ver actos de injusticia, pero con éste estamos en shock por lo débiles que son las pruebas y lo fácil que resulta enviar a alguien al patíbulo”.
Singapur tiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana. Además, las autoridades insisten en que la pena capital es elemento disuasorio eficaz contra el narcotráfico, una creencia que la ONU tacha de “mito”.
La primera ejecución del año
Su ejecución es la primera en lo que va de año, después que en 2022 Singapur batiera récords ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo a un traficante de heroína con discapacidad intelectual, Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado por llevar 43 gramos de heroína. Dicho caso provocó una oleada de protestas e incluso la ONU se pronunció al respecto.
“Nuestro enfoque nos ha funcionado, y continuaremos marcando nuestro camino de acuerdo con lo que responde a los mejores intereses de los singapurenses”, reza el comunicado del Ministerio del Interior, emitido en respuesta a las críticas previas del multimillonario británico Richard Branson por el caso de Tangaraju.
Por su parte, el director adjunto para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, ha aseverado que las pruebas contra Tangaraju estaban “lejos de ser claras”. Asimismo, Amnistía Internacional (AI) ha calificado la ejecución de “arbitraria e ilegal”. No obstante, el Ministerio de Interior aseguró que la culpabilidad del reo había sido demostrada “más allá de cualquier duda razonable” y señaló que dos teléfonos móviles, que según la Fiscalía pertenecían a Tangaraju, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. @mundiario
