La segregación escolar retrocede en España tras cinco años de reforma educativa

España ha empezado a corregir una de las heridas más persistentes de su sistema educativo: la separación de alumnos por origen social. Cinco años después de la entrada en vigor de la actual ley educativa, los datos muestran una reducción clara, aunque incompleta, de la desigualdad en el reparto del alumnado vulnerable entre centros públicos y concertados. No es un giro espontáneo ni milagroso. Es el resultado de decisiones políticas, cambios demográficos y, sobre todo, de una idea sencilla pero incómoda: si un centro se financia con dinero público, debe asumir responsabilidades públicas.

Durante años, la segregación escolar funcionó como una corriente subterránea. No siempre visible, pero constante. La enseñanza concertada, que escolariza algo más de una cuarta parte del alumnado sostenido con fondos públicos, acogía sistemáticamente menos estudiantes de entornos desfavorecidos de los que le corresponderían. El resultado era un sistema de vasos comunicantes rotos, donde la diversidad social se concentraba en unos centros mientras otros permanecían relativamente blindados.

Un marco legal que abrió la puerta al cambio

La reforma educativa no impuso soluciones automáticas, pero sí proporcionó herramientas. Las comunidades autónomas ganaron capacidad para planificar plazas, limitar criterios de admisión que favorecían la selección encubierta y reservar cupos para alumnado vulnerable en todos los centros. También se introdujo un elemento clave: identificar de forma objetiva qué estudiantes necesitan más apoyo, porque no se puede equilibrar lo que no se mide.

Allí donde estas herramientas se han utilizado con convicción, los resultados son evidentes. Cataluña y Navarra muestran que la segregación no es un fenómeno inevitable, sino una consecuencia de decisiones acumuladas. Cuando se corrigen, el sistema responde. La metáfora es clara: no basta con cambiar las normas del juego, hay que vigilar cómo se juega el partido.

La natalidad y otros factores que explican el giro

No todo se explica por la ley. La fuerte caída de la natalidad ha puesto a muchos centros concertados ante una disyuntiva simple: abrirse a un alumnado más diverso o perder unidades y financiación. A ello se suman dinámicas sociales complejas, como la preferencia de algunas familias migrantes por determinados proyectos educativos, incluso asumiendo costes económicos que actúan como barrera de entrada para otras.

Este matiz es importante porque advierte de un riesgo. Aumentar la presencia de alumnado extranjero no garantiza por sí solo mayor equidad si ese aumento se concentra en los perfiles menos vulnerables. Sin datos homogéneos y comparables en todo el país, el diagnóstico sigue siendo parcial, y eso limita la eficacia de las políticas públicas.

Un avance frágil que exige continuidad

El progreso logrado no está blindado. Los recientes cambios normativos en varias comunidades apuntan a un posible retroceso, devolviendo margen de maniobra a los centros para seleccionar alumnado y diluyendo criterios de equilibrio. La experiencia demuestra que la segregación avanza rápido cuando se la deja caminar sola.

La educación funciona como un espejo social. Cuando separa, amplifica desigualdades; cuando mezcla, construye cohesión. Reducir la segregación no es un capricho ideológico, sino una inversión en igualdad de oportunidades y en calidad democrática. El reto ahora no es celebrar el avance, sino consolidarlo y extenderlo, porque una escuela que integra es una sociedad que se reconoce diversa y se fortalece desde esa diversidad. @mundiario