La responsabilidad de los ciudadanos
Los ciudadanos tienen derecho a que las medidas impositivas y restrictivas que impone el estado de alarma se realicen de acuerdo con los principios de oportunidad, proporcionalidad, cooperación y asistencia activa entre administraciones, respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, y sometimiento al ordenamiento jurídico.
Toda ciudadano, incluso siendo menor de edad o incapacitado, tiene derecho a recabar la actuación de la Administración pública. Pero también los ciudadanos tienen derecho a la información sobre sus responsabilidades públicas en esta situación de excepcionalidad y anormalidad.
Dado su carácter de servicio esencial de respuesta a la envergadura de la expansión y contagios del coronavirus, la colaboración ciudadana no solo es básica sino exigible por la ley. Por ello, hay que considerar de carácter obligatorio todas las medidas impuestas por las autoridades , aunque con motivo u ocasión de tales intervenciones se puedan lesionar derechos individuales o se puedan producir perjuicios patrimoniales.
Los ciudadanos están obligados a cumplir las medidas de prevención y protección para personas y bienes establecidas por el estado de alarma, empezando por la obligación de quedarse en casa y no salir de ella salvo que sea estrictamente necesario. Pudiendo sancionarse las conductas más irresponsables y perjudiciales.
Por otra parte, en caso de incremento grave del riesgo de la emergencia sanitaria se podrán imponer también prestaciones personales y hacer requisas u ocupaciones temporales de todo tipo de bienes, y con las compensaciones que se establezcan en la legislación sobre responsabilidad de la Administración. @mundiario
