Reforma educativa en México, entre lo público y lo privado

En México el tema de la educación es evidentemente público, forma parte de la agenda de gobierno y está expresado a nivel constitucional como un asunto de Estado, de política de Estado, donde la gratuidad, la laicidad, la obligatoriedad y, ahora también, la calidad educativa y la equidad son obligación de la autoridad y derecho de los ciudadanos. En su atención confluyen los intereses gubernamentales, de la sociedad y de los docentes como el medio para la generación del conocimiento y los principios de una identidad básica como nación.

El modelo educativo en México como se conoce actualmente tiene su fundamento en la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que configuraba el rostro de un estado social, que procuraba y aspiraba al bienestar integral desde el propio Estado y le dotaba de los atributos para garantizar la educación pública, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Esta particularidad del bienestar social ha ido teniendo modificaciones en el transcurso de los años para adecuarse a la atención de un modelo emergente de corte neoliberal, con el sello distintivo caracterizado por el repliegue de lo público frente a lo privado.

La última reforma constitucional en materia educativa, aprobada en diciembre de 2012 tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores y publicada para su instrumentación y validez legal en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se inscribe en este ya no tan nuevo modelo político, económico y social y sucede teniendo como marco el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, ese viejo conocido partido de Estado que surge posterior a la revolución mexicana y que gobernó desde su creación en 1929 hasta el año 2000, después de 12 años de alternancia (2000-2012) de gobiernos panistas.

Esta reforma ha causado controversia; para muchos representa sólo cambios de corte administrativo y laboral, que permiten al gobierno recuperar el control de las plazas que en su oportunidad tenía el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los más grandes del mundo con cerca de 1.6 millones de afiliados, es en este sentido punitiva, puesto que pretende depurar y expulsar lo que en opinión del gobierno genera un daño a la sociedad: los malos maestros, esos que no tienen los conocimientos mínimos para impartir la educación, obligación para la cual fueron contratados; para algún sector de la sociedad, en específico los empresarios, representa la oportunidad de garantizar la educación de calidad que requiere el país, aunque ésta referida a sus propios intereses y a los del mercado; para una parte del magisterio, ha sido vista como una declaración de guerra por parte de las autoridades educativas, el Secretario (Ministro) de Educación Pública y del propio Presidente de la República.

Esta reforma ha causado controversia puesto que pretende depurar y expulsar lo que en opinión del gobierno genera un daño a la sociedad: los malos maestros, esos que no tienen los conocimientos mínimos para impartir la educación, obligación para la cual fueron contratados.

A más de tres años de su publicación, sigue generando encono entre los actores involucrados, aunque al menos parece existir la apertura gubernamental para escuchar las diferentes manifestaciones y críticas en torno a su implementación. En este sentido, el SNTE si bien no ha sido ajeno y reconoce la necesidad de la transformación educativa, tardíamente ha exigido el pleno respeto de los intereses de sus agremiados, su participación y exigencia ante las autoridades educativas solo fueron evidentemente manifiestas hasta el 6 de julio de 2016, con un documento entregado por su líder magisterial al Secretario de Educación Pública, en el que se exige replantear todo el proceso de implementación de la reforma educativa, exigiendo el respeto a los derechos adquiridos de los maestros, el pago puntual de salarios e incentivos económicos retroactivos a enero de este año, la redefinición del proceso de evaluación, asignación de plazas docentes y directivas obtenidas mediante concurso, modernizar la infraestructura física y tecnológica de las escuelas, así como los programas de formación continua y desarrollo profesional, por citar las más relevantes.

Sin embargo, en el entorno nacional, dicho posicionamiento no hubiera sido posible sin la injerencia directa del movimiento disidente magisterial, conocido como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) con presencia principal en los estados con más atraso social y pobres del país, siendo éstos: Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los cuales muestran un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.700, 0.681, 0.679 y 0.667 respectivamente, muy por debajo de la media nacional de 0.746 y muy lejano del índice más alto alcanzado en la Ciudad de México de 0.830. Como bien sabemos, el IDH se integra por la medición de tres dimensiones: pobreza, salud y educación y en las tres dimensiones dichos estados aparecen con gran rezago, por ello resulta paradójico en la mirada del gobierno federal y de un sector de la sociedad, ubicado principalmente en el empresariado, que los principales opositores a las propuestas de mejora sean los docentes de estos estados, presuponiendo que dichas reformas son para mejorar.

El reclamo de la CNTE inició desde la aprobación de la reforma educativa por parte del Congreso en diciembre de 2012, ya que consideraban que afectaba directamente los derechos laborales adquiridos por los maestros a lo largo de su vida profesional. Para hacerse escuchar han recurrido al cierre de carreteras, toma de vialidades en la capital, bloqueos a vías férreas y una suerte de boicot a la empresas trasnacionales ubicadas en los territorios de los estados donde tiene presencia (Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas), acciones que posibilitaron subir a la agenda pública los reclamos de la base docente del país, aunque no de manera inmediata, puesto que el movimiento disidente magisterial fue reprimido en la capital del país inicialmente en el 2013, pero para el presente año, cuando la evaluación de los docentes era inminente, el conflicto emergió nuevamente. El detonante principal es la manera en que será evaluado el trabajo y desempeño del docente frente a las aulas, mediante un examen generalizado en todo el país, ya que en su opinión existen diferentes condiciones de trabajo que hacen desigual la educación básica, lo que es evidente en los datos socioeconómicos e índices de desarrollo de las entidades controladas por la CNTE.

La muerte de ocho personas en los primeros días de junio en el poblado de Noxchitlán, Oaxaca durante el repliegue por parte de la policía federal (del Estado) de los manifestantes de la carretera federal de la capital del país a dicha entidad, mutó el problema de origen educativo a uno político.

La muerte de ocho personas en los primeros días de junio en el poblado de Noxchitlán, Oaxaca durante el repliegue por parte de la policía federal (del Estado) de los manifestantes de la carretera federal de la capital del país a dicha entidad, mutó el problema de origen educativo a uno político. Las manifestaciones han ido escalando, e incluso maestros del sindicato oficial han alzado sus voces en contra de dicha reforma y sus implicaciones, logrando que de un reclamo y movimiento local y gremial, centrado en la disidencia, escalara a un movimiento nacional y social, con implicaciones de revisión y ajuste en la Reforma Educativa del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Las respuestas del gobierno y las actuaciones de los actores involucrados han sido ampliamente documentadas por los medios de comunicación nacional e internacional. La Secretaría de Gobernación atrajo las mesas de atención y diálogo con la CNTE, esto es con la disidencia; la Secretaría de Educación Pública utilizó primero como interlocutor para la continuación de las medidas derivadas de la reforma educativa al SNTE, quien aprovechó la ocasión para manifestar su inconformidad contra diversos aspectos de la misma y que, coincidentemente con la disidencia magisterial, tiene su expresión detonante en la forma de evaluar al docente, y su carácter punitivo, rompiendo de golpe los derechos colectivos adquiridos por una nueva visión de fortalecimiento de capacidades, con énfasis en el desarrollo individual del docente.

En las semanas recientes, la Secretaría de Educación Pública abrió el diálogo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y el propio SNTE, el cual coordinadamente entre la dirigencia nacional y los 55 secretarios generales que la integran están en las mesas de revisión, retroalimentación e integración de propuestas específicas, que legitimen dicha reforma, en cuanto al denominado Modelo Educativo y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. Por su parte, la Secretaría de Gobernación permitió a la CNTE, como si se tratase a la educación en dos planos irreconciliables, organizar sus propios foros de consulta, de los cuales se resume que manifiestan que la reforma oficial del gobierno es un proyecto educativo neoliberal que busca hacer de la educación una cultura de la servidumbre, es decir, que el conocimiento educativo sea puramente instrumental.

Resulta interesante ver que tanto la disidencia magisterial como la representación oficial ante la SEP, son coincidentes en algunas de sus demandas, principalmente en el tema de la evaluación docente y en las garantías para continuar con sus trabajos frente al grupo, más allá del resultado de la evaluación. Esto es lógico en su mirada, puesto que solo los maestros saben sus vivencias día a día, máxime en las entidades con menor desarrollo del país, enfrentando durante su jornada laboral que muchos de los niños, sino es que la totalidad, acuden a clases mal alimentados, con problemas de nutrición, muchos de ellos ayudan con alguna actividad económica en la subsistencia familiar, las vías de comunicación son deficientes, los padres no tienen un empleo fijo y en muchos casos ni siquiera tienen un empleo, no cuentan con seguridad social, contradiciendo los datos oficiales que muestran una población cubierta casi en su totalidad en el esquema de salud denominado seguro popular. Aunado a ello, los problemas de salud, los temas de violencia por el narcotráfico y la inseguridad pública, coexisten día a día.

Más allá de un resumen cronológico de la reforma educativa y el conflicto social que deriva de ella, es conveniente preguntarse ¿debe ser evaluado el maestro para mejorar la educación? Una respuesta en la que coincide la autoridad es sí, pero desde la otra mirada sería sí, pero sin implicaciones de rescisión laboral, en tanto la situación económica y social, de pobreza alimentaria, de empleo, de erradicación de la violencia (tanto familiar como del entorno) son erradicadas. En esto el Estado es el responsable.

De no hacerlo, los espacios vacíos que deja el Estado darán lugar a una suerte de situación “pre hobbesiana” de extremo conflicto y violencia de grupos antisistémicos, críticos e incluso delincuenciales (cacicazgos, redes clientelares, narcotráfico) por la imposición de un orden de cosas que desde su visión sustituyan el débil gobierno y su consecuencia, el débil Estado. Buena parte de los problemas que irritan a la ciudadanía se interpretan como límites de la democracia, y son resultados de una mala organización y funcionamiento del Estado: corrupción, ineficiencia administrativa y desequilibrios en las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si dejamos que lo privado, legal o ilegal, en un esquema neoliberal trascienda a lo público sin las garantías constitucionales de seguridad y asistencia social, donde se posibilite que desde la mirada del mercado formal e informal se regulen las relaciones sociales, la continuación del conflicto y su escalada nacional continuarán y se extenderán a otras áreas, el tejido social que se manifiesta debilitado, nulo o -como se le ha dado en denominar- roto, solo traerá consecuencias de caos mayor.

La delgada línea que separa lo público de lo privado genera confusión, la sociedad hace de lo público un campo de actuación propia, el gobierno se repliega y cede a los particulares la organización de asuntos de origen y trascendencia públicos. Se genera en consecuencia una mutación de lo público, pero también de lo privado. Los límites de lo público están dados por el interés común, la no secrecía de los asuntos y la inclusión general de los ciudadanos en los temas del Estado (gobierno y sociedad), pero también por el respeto a la privacidad que el Estado brinde a sus ciudadanos. Lo público termina donde inicia lo privado, lo privado inicia donde concluye lo público.

Existe una revolución del espacio privado que resalta la individualidad hedonista de las personas, pero también una mutación del espacio público. Tanto la política como el sindicalismo, en cuanto formas de manifestación pública o colectivos asociados, sufren frente al embate de la lógica del autoservicio individualista, de la mercadotecnia que impacta el consumo individual, pero que genera reconocimiento social en términos de aceptación pública desde la perspectiva de la propia individualidad.

La educación laica, gratuita y obligatoria, y ahora de calidad e incluyente, es una conquista histórica de la sociedad mexicana y la posibilidad universal de que la infancia mexicana tenga acceso a ella, sin importar su condición social, ha sido un proceso muy largo.

La educación laica, gratuita y obligatoria, y ahora de calidad e incluyente, es una conquista histórica de la sociedad mexicana y la posibilidad universal de que la infancia mexicana tenga acceso a ella, sin importar su condición social, ha sido un proceso muy largo. Debemos reconocer que, por casi un siglo, desde la promulgación de la Constitución de 1917, la educación pública es una realidad, puesto que ha permitido que millones de mexicanos tengan la posibilidad de acceder a ella, de hecho con todo y sus problemas históricos, los aciertos son también evidentes: el porcentaje de alfabetización en personas de 15 años o más, según cifras del Banco Mundial a 2010 es del 93 por ciento, superior a la media mundial de 85.2 por ciento. Sin embargo, no debemos dejar de lado que la entrada de la iniciativa privada de manera masiva hacia los modelos educativos está propiciando una educación de corte elitista. El dotar en el plano legal de una mayor injerencia a la iniciativa privada en la educación pública traerá como consecuencia un desplazamiento del papel educativo del Estado, que sin lugar a dudas repercutirá en recortes presupuestales para el ramo y en el debilitamiento de la profesión docente, como una profesión de Estado.

¿Es la negociación de los maestros con el gobierno un asunto de interés privado? Al tener como eje central el tema de la educación pública y de los docentes, evidentemente la respuesta es no. Pero, al pasar por encima de los derechos de otros ciudadanos y afectar el fin de su contratación, es decir la impartición de clases, en la consecución de un fin laboral exclusivo, propio o privado, sí. Reitero, al ser la educación de carácter público, que permite la reproducción social y las bases de organización y convivencia, siendo ello una obligación de Estado, el tema es evidentemente público. ¿Cómo confluir una demanda social legítima sin afectar a un tercero, que también es la sociedad, el ciudadano?

Para pensar una respuesta, tenemos que reflexionar en qué momento los intereses personales y privados de los docentes trascienden al espacio de lo público, ¿son la educación pública y los docentes temas disociados o responden a un mismo plano de atención por parte del Estado mexicano? ¿cómo los propios intereses de los docentes terminan afectando los de terceros? El interés por lo público y lo privado cobra relevancia tanto en el análisis de coyuntura como en el debate teórico actual, ya que ha presupuesto un avance de la acción estatal en el ejercicio político (público) de sus funciones, pero también la complementariedad dada por la acción social, por el reclamo de lo público como suyo, desde el ámbito privado.

Esta complementariedad de acción, estudiada bajo diferentes enfoques, presupone una evolución en la distinción público-privado, gobierno-sociedad civil, en donde la primera representa sólo la figura de autoridad. En esta conformación del Estado y su relación con la sociedad civil, la existencia de una autoridad que manda y ciudadanos que obedecen se da una relación dicotómica, la cual tradicionalmente se complementa, pero que en su recorrido histórico ha observado diferentes relaciones.

La evolución constante del ser humano, como objeto y sujeto político transmutan el orden y la relación directa en los espacios en que se desarrolla lo público y se defiende lo privado. El Estado es público porque concentra el interés general, a diferencia del ámbito de la sociedad en el que se ubican los intereses particulares de cada integrante de esa colectividad. No obstante, en ciertos momentos lo público y lo privado dislocan sus fronteras ubicándose en lo que de origen sería público o privado, verbigracia: la llamada razón de Estado se basa en el derecho a la privacidad de una decisión o inacción gubernamental; en su caso, la manifestación colectiva de los ciudadanos en un espacio territorial delimitado sobre su desacuerdo hacia una decisión gubernamental hace público lo que de inicio es el interés particular de unos cuantos.

El carácter de lo público y su distinción a partir de contraposiciones con lo privado, permite entender que lo realizado por el Estado debería ser del bien general o colectivo, por encima de intereses particulares. Sin embargo, desde el ámbito privado, la sociedad exige mayormente la publicidad de los asuntos y temas de la agenda pública, desde su diseño, instrumentación e implementación de las políticas.

La sociedad avanza más rápido que el propio gobierno con base en el apoyo de información que recibe de los medios de comunicación, que incluye a las redes sociales y el internet, lo que contribuye a legitimar o desacreditar una decisión pública. El ciudadano moderno puede sancionar de esta manera a sus autoridades con su voto electoral, pero también mediante formas de organización que publicitan su inconformidad hacia tal o cual política pública.

El Estado se replantea y ha optado, en apariencia por ser mejor, por ceder espacios tradicionalmente de actuación pública a los particulares. Esto que se ha llamado el redimensionamiento del Estado y que en una época era visto como la modernidad de actuación pública de los aparatos gubernamentales en el mundo, pudiera ser hoy visto como una crisis de Estado, que en razón de su inoperancia ha cedido ante el embate de la sociedad civil.

Para la sociedad civil, lo que parecería un éxito: la organización y atención de asuntos públicos por parte de ella misma, es también un fracaso, dado que los ciudadanos se agrupan en sociedad y estructuran sus formas de organización, designando una figura de autoridad que concentre los esfuerzos de todos en un solo fin: el bien público. Esa figura es el gobierno, mismo que al ser cuestionado y criticado por la sociedad, da paso a un nuevo planteamiento ¿está la sociedad en crisis tanto como el Estado (gobierno)?

No obstante, si bien lo público atañe al Estado, existen intereses públicos en lo privado, como también hay actuación privada desde el ámbito de lo público. La organización estatal debería ser perfectamente pública, como la familia es el mejor ejemplo de organización privada en sociedad.

La respuesta al conflicto con los docentes, derivado de la reforma educativa de 2013 pasa en consecuencia por la decisión y la sensibilidad que las autoridades muestren al momento de emitir los documentos definitivos del Modelo Educativo y la Propuesta Curricular 2016, pero también en el respeto a los derechos adquiridos por los docentes a lo largo de su vida laboral y su historia colectiva, de simular actos democráticos para legitimarse, se corre el riesgo de una más larga jornada de inconformidades, manifestaciones públicas e incluso confrontaciones directas entre ciudadanos, con lo que ello lleve implícito.