¿Qué tipos de casos lleva un abogado penalista?
Los abogados penalistas son los profesionales licenciados en Derecho, especializado en Derecho Penal y con amplios conocimientos sobre el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Código Penal se encuentra de plena actualidad en España debido a su reciente reforma por parte del Gobierno y es que, dicho Código, establece la pena criminal ante delitos y faltas, por lo que ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento jurídico.
Los abogados penalistas son los profesionales licenciados en Derecho, especializado en Derecho Penal y con amplios conocimientos sobre el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo que son ellos los que mejor pueden ahondar en la actual reforma en beneficio de sus clientes.
El especialista en delitos penales graves tiene plena capacidad para ayudar al ciudadano en los siguientes casos:
- Delitos económicos: robo, estafa, falsedad documental…
- Delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, exceso de velocidad…
- Delitos contra las personas: allanamiento de morada, lesiones, amenazas…
- Delitos societarios y empresariales: delito fiscal, blanqueo de capitales, delitos contra la propiedad intelectual…
- Delitos contra la libertad sexual: violación, acoso sexual, pornografía infantil…
- Delitos contra la administración pública: delito electoral, falso testimonio, denuncia falsa…
- Delitos contra la seguridad y salud pública: tráfico de drogas, resistencia a la autoridad…
- Accidentes de tráfico o delitos imprudentes.
Casos recientes de derecho penal
Caso Púnica
En 2021 un despacho de abogados consiguió el archivo de la causa contra un concejal en la Púnica.
El caso u operación púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, en el que se investiga la supuesta implicación de múltiples personas en una trama de corrupción y de blanqueo de capitales, entre otros delitos.
El concejal de un ayuntamiento de un municipio de la Comunidad de Madrid, tenía el papel de imputado en la pieza separada número 7, denominada “Waiter Music”. En la pieza se investigaba el pago de comisiones a diversos ayuntamientos a cambio de adjudicaciones preferentes de contratos para la organización de eventos de distinta índole, desde mítines, a conciertos, o inauguraciones, entre otros.
“Tras una trabajada y contundente declaración realizada por el cliente, nuestro despacho presentó una solicitud de sobreseimiento y archivo técnica y rigurosa en la que se atacaba la ausencia de indicios de comisión del delito, consiguiendo finalmente convencer al Juzgado Central de Instrucción”, explican desde Chabaneix Abogados.
Caso Morodo
Se trata de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España para desentrañar una supuesta trama de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares internacional y fraude fiscal procedente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A.
La operación ha derivado en varias detenciones, entre las que se encuentra la de un hijo de Raúl Morodo, siendo este último el embajador español en Caracas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se investiga a varios socios por supuestas corrupciones en las transacciones internacionales por supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos así como por el supuesto blanqueo de los capitales obtenidos.
Caso Publiolimpia
Se trata del caso protagonizado por Antonio Mas Samora, conocido popularmente como el Madoff catalán, quien constituyó Publiolimpia S.L. como supuesto vehículo para invertir en la compra de espacios publicitarios en cadenas de televisión nacionales como el Grupo Atresmedia o Mediaset. De cara a los inversores, decía que ofrecía esos espacios publicitarios a grandes clientes como Repsol, Coca-Cola, Samsung, Huawei, etc.
Sin embargo, el administrador de Publiolimpia no tenía ningún acuerdo ni con anunciantes, ni con cadenas. Pedía financiación a personas físicas y empresas para financiar estas actividades argumentando que había un lapso de tiempo entre la contratación de los espacios y el pago de los clientes.
Más de 1.200 inversores apostaron por este negocio debido a las grandes rentabilidades que ofrecía. El principal investigado iba pagando a los beneficiarios con la entrada de dinero de nuevos inversores. El negocio era sostenible mientras se mantenían las entradas de capital. La estafa piramidal de esquema “ponzi” habría generado cerca de 300 millones de euros. Cuando no fue sostenible, un grupo inversor presentó una querella en el Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona.
