¿Por qué el histórico caso de Beatriz contra El Salvador podría cambiar el futuro del aborto en Latinoamérica?

Grupo a favor del aborto. / RR SS.
Grupo a favor del aborto. / RR SS.

La CIDH investiga por primera vez el caso de Beatriz, una joven a quien los médicos ya le habían confirmado que el feto no sobreviviría al parto, pero aun así no le practicaron un aborto.

¿Por qué el histórico caso de Beatriz contra El Salvador podría cambiar el futuro del aborto en Latinoamérica?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles la audiencia de Beatriz, el histórico caso de una salvadoreña a la que se le negó un aborto en 2013, pese a los llamamientos de los médicos para interrumpir su embarazo de alto riesgo.

Beatriz, una mujer de 21 años, tenía un niño de nueve meses cuando le dieron un difícil diagnóstico; padecía lupus, fuertes daños renales y artritis. Al mismo tiempo, se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo, un feto que no sobreviviría, pues sufría una malformación congénita que impedía el desarrollo del cráneo y del cerebro. Como consecuencia de esta situación, la joven solicitó que interrumpieran su embarazo con 13 semanas de gestación, pero dicho procedimiento es castigado con penas de cárcel en El Salvador. Tras esta negativa, Beatriz elevó el caso al sistema interamericano de derechos humanos.

En mayo de 2013, 13 semanas después, la petición de Beatriz fue respondida. La Corte IDH instó a que terminaran con el embarazo. El Estado accedió a practicarle una cesárea y el feto falleció a las cinco horas. La tardía intervención debilitó “extremadamente” la salud de la joven y falleció cuatro años más tarde tras ser hospitalizada por un leve accidente de moto que se produjo cuando iba de camino a una cita médica.

¿Aborto u homicidio agravado?

La recomendación de interrumpir el embarazo estuvo a cargo de 15 médicos, quienes no pudieron llevar a cabo el tratamiento sugerido “por miedo a las represalias” del Estado. Y es que, en El Salvador, los sanitarios que recomiendan o practican abortos enfrentan hasta 12 años de cárcel.

Incluso, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo y sufren abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

Pese al conocido caso de Beatriz y las consecuencias de esta ley, el Estado se niega a legalizar el aborto. De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha manifestado en Twitter que “mientras Nuevas Ideas [partido político de Nayib Bukele, mandatario del país] sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Defendemos la vida por sobre todas las cosas”.

Un precedente histórico

Tras las dos jornadas de audiencia de esta semana, que se celebran en San José, Costa Rica, las partes tendrán 30 días para presentar alegatos por escrito y se espera que la corte emita una resolución a finales de año. Un fallo a favor de Beatriz sería un precedente histórico, pero finalmente todo dependerá del Gobierno de Bukele, quien ha mutado todas sus políticas en medidas autoritarias que ignoran los derechos humanos, incluido el acceso al aborto.

Por su parte, las organizaciones feministas temen que el mandatario no acate las medidas vinculantes que pedirá la Corte IDH. “Lamentablemente, en el contexto actual, es una opción, ya que este Gobierno ha hecho alianzas con grupos antiderechos y se ha pronunciado en contra de los derechos de las mujeres y niñas… Esa es la gran preocupación”, sostiene Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional.

La penalización no provoca un descenso en el número de abortos, simplemente obliga a que las mujeres busquen formas inseguras de hacerlo, así lo indican tanto las organizaciones feministas como las estadísticas. @mundiario

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