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MUNDIARIO

La primera cualidad que se espera en un juez es el sentido común

En casos de violación, el Tribunal Supremo estima prueba de cargo suficiente la declaración de la víctima, lo que enerva la presunción de inocencia del acusado.

La primera cualidad que se espera en un juez es el sentido común
Componentes de La Manada. / Archivo
Los miembros de La Manada tenían otras experiencias.

Fernando Ramos

Periodista y profesor.

Hace años conocí a un peculiar juez de Vigo, con quien incluso llegué a tener una relación que no hubiera querido: me procesó por un reportajes sobre la Guerra Civil en  Tui, publicado en Hoja del Lunes de Vigo y en Sábado Gráfico, donde yo narraba como un malvado funcionario de Justicia de Tui preparaba las pruebas falsas para procesar a un grupo de destacados tudenses por haber mantenido la legalidad republicana tras la rebelión. De suyo, fue Tui la última ciudad en caer en manos de los sublevados y la represión terrible. Como no me plegué a la demanda de conciliación previa a la querella, se celebró el juicio oral, presidido por Mariano Rajoy padre, y salí absuelto. Aquel peculiar juez, a quien yo conocía y trataba, la tarde que me comunicó mi procesamiento charló distendidamente conmigo y me dijo, entre otras cosas, que él pensaba que el problema de Franco es que era “eunucoide”.

De este juez, aparte de este episodio, recuerdo que en otra ocasión que conversé con él me dijo que, cuando ganó la oposición y en el proceso de formación posterior que en aquel tiempo se practicaba, su instructor, un juez veterano, la dijo que además de conocer la ley, el juez debe tener “sentido común”. Esa es la cuestión.

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Las reacciones en toda España contra la sentencia son un síntoma revelador.

¿Han tenido sentido común los jueces del tribunal que acaba de condenar a los miembros de “La Manada” como autores de un delito de abusos sexuales y no por violación? ¿O han tenido meramente un sentido formalista de la Ley al aplicarla y no de los hechos mismos a los que se aplica? Una de las cosas más incongruentes de la sentencia es la distorsión entre el relato de los hechos probados, la verdad jurídica, y de sus consecuencias penales, según el sentido común.

Y si el fallo está en la redacción de la Ley, el papel de los jueces, al interpretarla, es aplicar el sentido común. La concatenación de los hechos, el testimonio de la víctima (¿Cabe en cabeza alguna que una chica de 18 años quiera mantener una relación brutal como la que padeció por muy excitada que se halle?) parecen conducirnos a concluir que fue violada en toda regla y que la pretendida “no resistencia” no fue otra cosa que le mero abandono ante la brutal coacción, sin opción posible, a que fue sometida.

Violación en toda regla

Vayamos al título VIII del Código Penal, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”,  y veamos, con sentido común, lo que allí  se establlece Artículo 178. “El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años”. “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años” (Art. 179)

Y ahora viene la clave (Artículo 180): “Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

“1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183”.

El sentido común parece establecer que se dan las tres circunstancias, incluida la última; ¿Qué puede hacer una chica de 18 años, acolada en un reducido habitáculo frente a cinco castillos excitados?

Y está la cuestión del consentimiento. El artículo 181, considera “abuso sexual” cuando  “sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años”.

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Miembros de La Manada se enfrentan a otros casos pendientes por lo mismo.

Aplicando el sentido común a todo el caso, ¿cómo es posible que los hechos no se consideren una violación en toda regla, dado además las circunstancias concurrentes? Es que no cabe en la cabeza esa atenuación del delito. La víctima no pudo resistirse, lo que no quiere decir que no hubiera querido hacerlo, cosa imposible frente a sus cinco agresores.

En una reciente Sentencia Nº 898/2016 del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal de 30 de noviembre de 2016, dice que, “la declaración de la víctima, según ha reconocido en numerosas ocasiones la jurisprudencia de este Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional (STS 210/2014, de 14 de marzo y las que allí se citan), puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar (es decir, reducir o quitar fuerza  la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada”. Está clara cuál es la doctrina.

En el antiguo Derecho Español, la Legislación de las Partidas castigaba en la Ley 3a. Tít. 20, partida 7, "Al que robare o forzare a mujer honesta, sea doncella viuda o religiosa, debe morir por ello”. Yo no digo llegar a tanto, pero esta sentencia no se entiende, sencillamente, leída con sentido común. @mundiario