¿Hay presiones de los gobiernos autonómicos para hacer “libros a la carta”?

Patio de un colegio.
Patio de un colegio.
La enseñanza en España tiene el problema de los 17 sistemas educativos de las 17 autonomías que actúan sin coordinación entre ellas para unificar calendarios, homogeneizar diseños curriculares y contenidos en los libros de texto
¿Hay presiones de los gobiernos autonómicos para hacer “libros a la carta”?

Muchos problemas de la educación en España provienen de los recortes en la financiación que reduce profesores y rebaja medios materiales, dos factores clave para la eficiencia de un contexto educativo.

Pero a mí me parece que la enseñanza tiene otro problema en el despropósito de los 17 sistemas educativos de las 17 autonomías que actúan como pequeños estados sin coordinación entre ellas para unificar calendarios, homogeneizar diseños curriculares y contenidos en los libros de texto. 

Un ejemplo. La Federación de Gremios de Editores de España denunciaba la semana pasada las presiones de los gobiernos autonómicos para hacer “libros a la carta” imponiendo cambios en función de caprichos personales y de intereses localistas o ideológicos cuyo resultado es que este curso se hayan publicado más de 51.000 títulos entre versión digital y en papel. Un caos.

Más grave aún. Dicen los editores que les obligan a incluir en los libros contenidos falsos o inexactos y que imponen borrar datos históricos o geográficos que no interesan al gobierno de turno o a incluir cuestiones locales banales, intrascendentes para la formación de los alumnos. Un atentado al rigor.

Por ejemplo, en Cataluña piden que no se hable de los Reyes Católicos; en Valencia censuran a Lázaro Carreter; en Canarias no les interesan los ríos porque no los tienen; en Andalucía se modificó un libro de música porque no incluía el tambor rociero… y así otras extravagancias que, hay que decirlo, Galicia no cometió.

El resultado son 17 historias de España, 17 geografías, 17 versiones del mismo texto de matemáticas… Un disparate que crea irracionalidad en el sistema, desconcierto en profesores y alumnos u detrimento de la calidad educativa, además de despilfarro de recursos.

Este despropósito viene de viejo. Los Ministerios de Educación -el de Celaá y los anteriores- miraron para otro lado en clara dejación de funciones de coordinación del sistema educativo y consintieron tales atropellos y prácticas aberrantes que suponen un desprecio al rigor científico.

La trasferencia constitucional de la educación, que debería ser una fortaleza, se desmadró y su gestión es la mayor debilidad del sistema educativo. Escribía un internauta que la educación tenía que estar regida y regulada por un organismo no vinculado a los delirios de una banda de mangantes que se dan el relevo cada cuatro años.

¡Cuánta falta hace un Pacto de Estado por la educación que recupere el sentido común! @mundiario

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