Las políticas de TEA no son suficientes, demuestran las últimas denuncias
El Gobierno maneja políticas y acciones estatales, autonómicas y locales sobre las personas con trastornos del espectro autista (TEA), las cuales al parecer no son suficientes o no están llegando y permeando en la sociedad.
La mencionada estrategia contiene objetivos bien definidos que buscan educar concienciando y sensibilizando; brindar equidad a quienes padecen el trastorno reduciendo las dificultades de comprensión de la información; brindando accesibilidad e invirtiendo recursos en investigación, por mencionar algunas.
“Las líneas de trabajo y los objetivos de la Estrategia de Gobierno están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación. Estas líneas constituyen el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo”.
Sin embargo, La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid confirmó la denuncia de una familia, presentando un caso de maltrato a un niño con Autismo en un centro educativo de educación especial, el Colegio Ramón y Cajal de Getafe.
En tan solo una semana es el segundo caso que se hace público en el mismo lugar. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe ha informado que tres personas ya están siendo investigadas por estos hechos; son dos profesoras y un auxiliar de una empresa contratista.
En el ámbito educativo, el Gobierno busca promover la inclusión escolar y el éxito educativo del alumnado con TEA mediante la especialización, innovación y flexibilización de las modalidades de escolarización a lo largo de todas las etapas de la vida. Sin embargo los casos de denuncias al respecto siguen apareciendo.
Según la fuente de Educación se abrió “un expediente de información reservada para revisar el caso y averiguar si hubo mala praxis por parte de las tres personas supuestamente implicadas.
Javier Luengo, presidente de la Federación de organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (Plena Inclusión Madrid), exigió a la Comunidad de Madrid una "implicación directa" en estos casos, con una "investigación profunda". También solicitó al Gobierno regional que revise si los profesores y el personal auxiliar del centro específico para personas con Trastornos del Espectro Autista tienen la suficiente formación para laborar.
La educación al respecto ha comenzado, pero aún hay mucho camino por recorrer. @mundiario
