Pocos cambios sustanciales en Iguala tras el atroz destino de 43 jóvenes

Mientras el líder del cártel de la droga Guerreros Unidos está encarcelado, en Iguala vuelven a sus cargos públicos sospechosos de tener relación con estos asesinos.

43 estudiantes asesinados violentamente, posiblemente incinerados vivos, o desaparecidos y con vida. Se trata de lo que se conoce como el caso Iguala, en México. La segunda opción, la de que muchos de ellos estén con vida, es la esperanza a la que se aferran sus familiares y con razón, dado que el caso parece estar aún lejos de solucionarse. Son este tipo de crímenes los que, pasados los años, siguen conteniendo muchas incógnitas en gran parte porque si de verdad se pusiera empeño en dar respuestas, muchos cargos públicos, probablemente, se verían seriamente perjudicados.

Esta semana, la Procuraduría General de la República (PGR) colgó en su web la versión pública del expediente que consta de cerca de 54.000 hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Tal y como explican desde la PGR, su elaboración tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.

Muchos nombres y datos tachados, declaraciones de detenidos, testigos y sospechosos, pero pocas conclusiones.

Estos 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una aldea en el estado mexicano de Guerrero, formaban parte de una de las escuelas rurales que se encuentran en las comunidades más pobres de México. Estas escuelas, “escuelas normales rurales”, nacieron con la intención de ofrecer un servicio educativo a las personas que vivían alejadas de las grandes poblaciones. Pero los gobierno estatales a penas destinan fondos a estas escuelas y muchas están al borde de la desaparición.

El 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes llegaron a Iguala con el fin de recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses, lo que desencadenó que la policía abriese fuego contra ellos. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados. Según la PGR, Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados, hacinados, a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Entre los diversos detenidos por estos hechos se encuentra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer. Pero declaraciones recientes al periódico El Financiero por parte de Pablo Gómez, coordinador de la comisión especial del PRD (Partido de la Revolución Democrática), que investigó los ataques a los estudiantes, aseguró que a José Luis Abarca lo detuvieron acusándolo de haber intentado sobornar a un policía y no por las agresiones a normalistas. “La acusaron por lavado de dinero, en especial a la esposa, que habría lavado, durante cinco años, 13 millones de pesos de una banda que comercia con heroína en Illinois, que es la banda de Guerreros Unidos, quien lleva esa droga en autobús hasta Chicago”, aseguró Pablo Gómez.

Por su parte, Felipe Flores, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala en el cargo cuando sucedió del tiroteo contra los 43 estudiantes y posterior desaparición, ha huido y desde hace un año no se tiene conocimiento de su paradero.

Un alcalde detenido inicialmente por soborno y un secretario de Seguridad Pública huido, en el marco de un caso de especial violencia que ha cubierto las ediciones de los medios en todo el mundo.

Pero las anécdotas curiosas se siguen sucediendo. El actual alcalde de Iguala, miembro del PRI, partido que lidera el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es Esteban Albarrán Mendoza. Al tomar el mando, una de las primeras acciones que ha llevado a cabo es poner al cargo de la secretaría de Seguridad Pública Municipal de Iguala a Crisóforo Tinoco Bahena, quien ya fue Jefe de Policía con el anterior alcalde, ahora encarcelando, José Luis Abarca. Crisófono, además, ha sido relacionado con el cártel Guerreros Unidos, quienes están detrás de la desaparición y/o asesinato de los 43 estudiantes y cuyo líder, Gildardo López Astudillo es el autor material confeso de la desaparición de los 43.

¿Increíble? Así es.

No sólo no hay conclusiones claras con respecto al destino de los 43 estudiantes, sino que en la localidad de Iguala, parece que la corrupción y la falta de moral, más aún después de lo sucedido, es el pan nuestro de cada día. @opinionadas