Los peritos certifican ante el juez la contaminación del embalse As Conchas

Un tribunal, una gráfica de 80 por 80 centímetros y tres científicos del CSIC bastaron para poner negro sobre blanco una verdad devastadora: el embalse de As Conchas, en la comarca de A Limia (Ourense), es hoy una de las zonas más contaminadas de Galicia. Lo que durante años se ha descrito como “proliferación estacional de cianobacterias” es, en realidad, una crisis ambiental crónica, alimentada por décadas de negligencia institucional y una ganadería industrial descontrolada que ha convertido el río Limia en una cloaca tóxica a cielo abierto.

Mientras las autoridades implicadas —la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y cinco ayuntamientos— repiten que la situación no es tan grave, los datos científicos presentados esta semana ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia son escandalosos. Y, sobre todo, son irrefutables. Según los peritos, entre ellos investigadores del CSIC y catedráticos de la Universidad Complutense, los residuos orgánicos que vierten las granjas de la zona equivalen a los de dos millones de personas. Dos millones de personas generando excrementos que no pasan por ningún sistema de depuración. En una comarca de apenas 25.000 habitantes. El cálculo no es simbólico: es literal. Y el resultado está ya a la vista —y en la salud— de los vecinos.

Los expertos también vinculan esa carga ganadera con un aumento alarmante de enfermedades graves. Según señala El País, un informe sanitario presentado por Juan Martínez, exdirector general de Salud Pública de Madrid, los cánceres detectados en la cuenca del Limia superan con creces a los de las comarcas colindantes. Las sustancias halladas en el agua, como microcistinas, nitratos o nitritos, están asociadas a tumores de estómago, hígado, páncreas, ovarios, vejiga, mama y tiroides. La incidencia es mayor en mujeres. Y está documentada con datos oficiales de la propia Xunta.

La magnitud de esta realidad es tal que resulta difícil comprender cómo se ha podido mantener silenciada durante tanto tiempo. ¿Qué se necesita para que una catástrofe ambiental en Galicia deje de ser “un problema puntual” y pase a ser un escándalo de Estado? ¿Tiene que morir alguien? ¿Deben los vecinos emigrar en masa, como ocurrió en otras zonas devastadas por industrias contaminantes? ¿O basta con ignorar los informes científicos, esperar que llegue el invierno y que el color verde del agua desaparezca hasta el próximo verano?

La ganadería intensiva ha envenenado el Limia

La causa principal está clara: más de 450 granjas —muchas de ellas ilegales o fuera de normativa— pueblan la cuenca del Limia. Según los estudios mencionados en el juicio, no se respetan las distancias mínimas entre explotaciones ni se gestiona correctamente el estiércol. Los purines acaban filtrándose en los acuíferos, contaminando pozos y desembocando en el embalse de As Conchas. El agua que fluye por el río lleva consigo millones de bacterias por litro. No es solo que esté turbia o hieda: es que enferma.

La gráfica presentada en el juicio revela el cambio radical de la comarca en 40 años: mientras la población humana se reduce, la animal se multiplica hasta alcanzar proporciones absurdas. Pero lo más indignante no es la expansión de la ganadería industrial. Lo que realmente provoca estupefacción es la pasividad de las autoridades, que han permitido —cuando no fomentado— este modelo insostenible, ignorando sus consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

La negación institucional como estrategia de defensa

Durante la prueba pericial, los abogados de la Xunta y la CHMS trataron de desacreditar los informes científicos, sugiriendo que no hay pruebas concluyentes de la relación entre ganadería y contaminación. Pero los datos son abrumadores. Los nitratos en el agua están entre 500 y 1.000 veces por encima de lo esperado. La cantidad de cianobacterias es “extremadamente peligrosa”, y la Xunta ha tenido que activar el nivel 3 de alerta. ¿Qué parte de esto no es suficientemente grave?

Negar responsabilidades se ha convertido en la única estrategia de defensa institucional. “No es competencia nuestra”, alegan. “No está probado”. “No es tan grave”. Ese es el discurso. Pero los vecinos ya no se lo creen. Las organizaciones vecinales, la federación de consumidores CECU, el colectivo ecologista Amigas de la Tierra y el bufete internacional ClientEarth han unido fuerzas para exigir justicia. Lo hacen en nombre de un derecho básico: vivir sin veneno en el agua.

Lo que se dirime estos días en el TSXG no es solo la responsabilidad legal de la Xunta o la Confederación. Lo que está en juego es si España está dispuesta a reconocer que el derecho a un medio ambiente sano forma parte de los derechos fundamentales. Y si los ciudadanos, por fin, pueden exigir a sus gobernantes que lo garanticen. Que lo defiendan. Que no lo vendan al mejor postor por un puñado de explotaciones porcinas. @mundiario