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En España se suceden episodios de violencia, incluso física, contra los profesores

La autoridad del profesor asienta en que sabe más que el alumno y ese superior conocimiento debe ser motivo de respeto, recuerda Juan Luis Blanco Valdés en un nuevo análisis para MUNDIARIO.
En España se suceden episodios de violencia, incluso física, contra los profesores

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Juan Luis Blanco Valdés

Juan Luis Blanco Valdés

Juan Luis Blanco Valdés es editor, escritor, profesor, blogger, columnista, melómano, poeta, toca la guitarra y la batería, y cree que la integridad, la convicción y el entusiasmo mueven montañas. Columnista de MUNDIARIO.

Mensual, semanal e incluso diariamente se suceden episodios de violencia, física, verbal, emocional, contra profesores, especialmente en la enseñanza secundaria, fase educativa que tiende a coincidir con la adolescencia. Se esté o no de acuerdo con la medida, que a la figura del profesor deba atribuírsele, mediante una legislación específica, el carácter de autoridad es un hecho especialmente elocuente en relación a dos extremos: a) no hay país, a buen seguro, en el que el incumplimiento de la legislación tenga una relación inversamente proporcional con lo mucho que se legisla como la que se registra en el nuestro, y b) la necesidad de legislar lo obvio señala, para quien quiera verlo, la senda por donde transita la sociedad contemporánea.

No se puede, ni se debe, legislar sobre todo; no resulta posible someter a los límites de la actividad lícita frente a la ilícita el infinito repertorio de actuaciones desviadas, pervertidas, violentas, extravagantes, engañosas, lesivas, falsas, agresivas, ofensivas, vergonzantes, inmorales o rocambolescas del ser humano, porque, precisamente, este repertorio es infinito. Como ciudadano, entiendo que lo que en democracia se denomina el imperio de la Ley  (y este sí es un imperio altamente recomendable)  establece niveles de detalle jurídico imprescindibles para la armónica existencia de las personas en materias y circunstancias de lo más amplio y variado. Pero, de ahí a pretender que hasta la última contingencia o comportamiento aparezcan contemplados en algún código o reglamento, media un abismo.

Hay una etiqueta moral inmanente a ciertas categorías: no es preciso que el artículo de una ley especifique que uno no puede mearse en los portales de las casas, insultar a un cura cuando esta misando o echar líquidos contaminantes en las piscinas de las urbanizaciones. Cuando esta etiqueta desaparece, surge la necesidad de reconducir moralmente ciertos comportamientos a través de la imposición legal, con lo que, según lo que se legisle, puede generarse una paradoja muy arriesgada: ¿debo respetar por imperativo legal lo que, de por sí, no respeto? Si esta pregunta se aplica a los horarios de cierre de las discotecas, los impuestos o la normativa en materia de propiedad horizontal, no existe problema. Si la pregunta se refiere a la figura de un docente, su mero planteamiento manifiesta, en mi opinión, la pérdida de esa etiqueta moral, que , ya preocupe más o menos, testimonia la descomposición de ciertos valores seculares, valores que, cuando menos yo, reputo altamente recomendable mantener y estimular. Independientemente de las condiciones didácticas y comunicativas personales, la auctoritas del profesor asienta en que sabe más que el alumno y ese superior conocimiento debe ser motivo de respeto. Así fue, sin solución de continuidad, desde el paedagogus del mundo clásico hasta la actualidad. Pero ¿qué pasa cuando los propios conceptos de conocimiento y cultura son percibidos como elementos de escaso o nulo predicamento social, factores aburridos, obsoletos e inútiles frente a la mera información proporcionada por una tecnología omnipotente y unas posibilidades de ocio -vano, frívolo, efímero-  inagotables?

Tal vez me estoy haciendo mayor, no les digo que no.