¿Viola los derechos humanos un nuevo proyecto del ministerio de educación marroquí?

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Niños del Alto Atlas, en Marruecos.

La ley entró en vigor pocos días antes de los exámenes regionales y nacionales, lo que desató una oleada de protestas por parte de los alumnos, sus padres y todas las categorías de la sociedad civil. 

¿Viola los derechos humanos un nuevo proyecto del ministerio de educación marroquí?

Esta vez el ministerio de educación marroquí nos sorprendió con un nuevo proyecto de ley que criminaliza las trampas como es el uso de las chuletas y las nuevas tecnologías en las aulas de examen. La ley entró en vigor pocos días antes de los exámenes regionales y nacionales, lo que desató una oleada de protestas por parte de los alumnos, sus padres y todas las categorías de la sociedad civil. Este proyecto de ley 02-13 prevé penas de prisión entre 6 meses y 2 años y multas que oscilan entre 500 y 2000 euros contra alumnos menores que hacen trampas durante los exámenes.

Mi pregunta es: ¿qué penas se adoptarán contra los irresponsables tramposos y ladrones en el gobierno, ministerios, academias, delegaciones, administraciones…? ¿Cuál sería la pena disciplinaria contra los que roban las riquezas del pueblo marroquí?

Antes de aplicar esta ley, entre otras, sería mejor mejorar primero el estado socioeconómico de todas las familias marroquíes, facilitar a los alumnos un acceso gratuito a los centros educativos de Marruecos en equidad e igualdad, aulas bien equipadas que no superan 20 alumnos (actualmente el número de los alumnos en el aula oscila entre 45 y 50), combatir el abandono y fracaso escolares, transporte y comedor gratis para los alumnos que viven lejos de los colegios, combatir la droga, acabar con la corrupción en todas las administraciones del país, la buena gobernanza…

Para evitar daños colaterales en nuestros alumnos y nuestro sistema educativo, sería mejor aprovecharnos de otros modelos educativos como es el caso de Finlandia que encabeza la clasificación mundial en este campo ¿por qué? Porque el 98%  de sus centros educativos son públicos y gratuitos, aulas con 18 alumnos, comedor escolar gratis, educación creativa…

Los legisladores deben pensarlo dos veces antes de sacarnos esta ley coercitiva que no tiene nada que ver con la esfera de enseñanza-aprendizaje, porque los centros educativos son fuente de buenos ciudadanos y no lo que pretende esta “ley “.

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