Miles de ciudadanos en España salen de nuevo a protestar contra la ley de educación
La sexta movilización ya en España contra la ley de educación, promovida recientemente por el Gobierno PSOE-Podemos, ha tenido seguimiento en más de cincuenta ciudades del país. Los partidos de la oposición, PP, Cs y Vox, se han sumado en masa a las protestas.
La concentración más numerosa se ha producido en Madrid, donde miles de automóviles decorados con pasquines amarillos y naranjas han recorrido el Paseo de la Castellana, desde Cuzco hasta Cibeles.
“Lo más sangrante de esta ley contraria a la libertad de enseñanza es que el Ejecutivo la haya aprobado en plena pandemia, sin el consenso de la gente», declara Antonio Amate, coordinador de Más Plurales, plataforma que ha impulsado las cincuenta manifestaciones que han tenido lugar en toda España con el fin de parar la «ley Celaá». “Es la última oportunidad”, indica Amate, antes del próximo 23 de diciembre, momento en el que previsiblemente se apruebe la nueva ley de educación en el Senado.
Las principales críticas a esta ley son: la nueva normativa de eduación excluye la "demada social" como requisito para abrir nuevas escuelas concertadas o para que aumente el número de plazas. Además, prohíbe que estos centros segreguen por sexo y que el Estado les pueda ceder suelo público. También se critica que la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero ya no contará para la nota media al no tener una asignatura alternativa.
Por último, respecto a la eduación especial, la 'ley Celaá' contempla que en el plazo de diez años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Desde Más Plurales interpretan este punto como el cierre de estos centros.
Los tiempos para la definitiva aprobación de esta ley son los siguientes: La 'Ley Celaá' pasará su siguiente exámen el próximo miércoles 23 de diciembre, cuando será sometida a debate y votación en el Senado. Al tratarse de una ley orgánica, necesita mayoría absoluta para salir adelante, una ecuación que el Gobierno de coalición conseguiría sin ningún problema si se tiene en cuenta que los grupos parlamentarios que la apoyaron en el Congreso repetirán su voto a favor. Una vez superado este trámite, volvería al Congreso si el pleno del Senado aprueba alguna enmienda que no se contempló en la Comisión. Por el momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre. @mundiario
