México en vilo: la lógica de la política de seguridad

La semana pasada terminó de forma dramática en México: en diferentes hechos hubo ataques directos y mortíferos a policías estatales y municipales. El más dramático es el que ocurrió en el sur del estado de México donde en una emboscada, un grupo de delincuencia organizada masacró a ocho policías municipales y cinco de la Fiscalía estatal. Este evento provocó la atención de los medios de comunicación por su impacto en la percepción ciudadana y por el hecho de hacernos ver que el problema de seguridad sigue latente y que no hay gobierno que pueda detener ese complejo problema público.

Desde el decenio de 1980 y hasta la fecha, la seguridad pública ocupa un lugar preponderante en la agenda de los gobiernos en México. Y es así debido a que la percepción que tenemos de nuestra seguridad es crítica. Prácticamente no existe una familia en el país en la que por lo menos uno o más de sus miembros haya sido víctima de algún delito.

Desde 1990 y hasta 2006 la tendencia de los homicidios dolosos había sido a la baja; a partir de 2008 y a la fecha siguen en ascenso, con pequeños saltos a la baja y al alza. Para 2019, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 29. Para tener idea del dato, basta comparar con Canadá que tiene 1.8. Estamos lejos de El Salvador (61.8) o Venezuela (56.8) pero también muy lejos de Canadá. Importante decir que el sexenio de Felipe Calderón cerró con una tasa de 23.9 y de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador aumentó 5.1. No hay duda de que América Latina es la región más violenta del mundo; nos espantan las guerras en Medio Oriente pero nosotros vivimos de facto en un estado de sitio y una guerra civil velada.

Igual de importante es mencionar algunos rasgos que caracterizan la política de seguridad pública de los gobiernos mexicanos desde el decenio de 1970 y que quedaron definidos por el movimiento estudiantil de 1968:

La militarización

Después de 1968 el gobierno federal ha involucrado al Ejército en la atención de lo que entienden por seguridad, que más bien cabe clasificar como riesgos para la élite que gobierna. La intervención militar fue más intensa en el decenio de 1990 pero abrumadora desde los gobiernos panistas y hasta la fecha, donde el Ejército tiene la totalidad del mando en materia de seguridad pública con la Guardia Nacional como cabeza, una policía militar y militarizada con disfraz de civil. Los gobiernos estatales y municipales por su parte han involucrado a militares retirados o con licencia para los cargos de titulares de las áreas de seguridad bajo la incorrecta idea de que las policías necesitan control y disciplina, sin considerar la enorme diferencia entre el uso de la fuerza letal (concepto militar) contra la fuerza civil (prevención e investigación delictiva). Es obvio que existe un permanente conflicto entre el modelo de actuación militar y los derechos humanos, por eso podemos explicar que ocurran eventos como el de Ayotzinapa o Tlatlaya en donde la actuación de los militares más que certeza deja incertidumbre y dudas.

El narcotráfico como eje rector

La participación directa de los militares en labores de seguridad pública comenzó bajo la justificación de que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional (riesgo de que el Estado pierda capacidad de gobernación y control territorial) y llegó hasta el modelo actual de dominancia completa del paradigma militar. Aunado a ello, desde el gobierno de Miguel de la Madrid todos los gobiernos hacen una conexión directa entre el narcotráfico y la inseguridad lo que evita que existan estrategias focalizadas de atención a delitos del fuero común que son la mayoría de los que acontecen en nuestras comunidades. Si bien es cierto que la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas cuenta con los recursos más cuantiosos para generar violencia y delincuencia, lo cierto es que el grado de fragmentación que han vivido los grupos de delincuencia organizada generó un problema más grave a grado tal que delitos como la extorsión y el despojo de comercios e inmuebles resultó ser más lucrativo que el secuestro, por poner un ejemplo, situación que ya no tiene relación directa con el narcotráfico sino con toda una industria criminal que los mismo hace narcomenudeo que control territorial de las mercancías que compramos a diario.

El centralismo

Derivado de la creciente sensación y percepción de inseguridad a partir de 2008, está instaurada la idea de que centralizar la función policial resultará en una mejor atención a los delitos, derivado de ello en varias ocasiones se ha planteado crear una policía nacional o el mando único estatal. Estas ideas no resolverán nunca el problema ya que pondría una barrera a la creación de estrategias locales y focalizadas de atención a delitos específicos que ocurren en comunidades particulares y privilegiaría que toda la atención esté focalizada en el narcotráfico, como si ese y solo ese fuera el único problema. Cualquier experto en administración sabe que la especialización funcional descentralizada obtiene mejores resultados que una gestión central que tendería a dejar de lado el análisis de las causas locales de la violencia y la delincuencia.

Centralidad en lo reactivo antes que lo preventivo

Nuestro sistema de justicia penal y, en particular, la función policial tiene como principio de acción la reacción antes que la prevención. Las policías y los ministerios públicos atienden la violencia y la delincuencia cuando ya ocurrió o está ocurriendo y lo que entienden por prevención es más bien disuasión delictiva. Los ejemplos claros de ello son las intervenciones federales en las zonas de alta incidencia delictiva: más que resolver el problema lo agravan. Existen varios estudios que demuestran que la violencia y la delincuencia aumentan cuando aparecen las fuerzas federales, las razones de ello no están identificadas claramente pero sí sus efectos. De igual forma, existen estudios que señalan la enorme diferencia que ocurre cuando cambiamos el paradigma de policía de reacción a policía proactiva que analiza y atiende causas y no solo los efectos.

La politización

Ni duda cabe que la crisis de inseguridad ha sido clave en muchas campañas políticas: en 1994 le llamaron el voto de miedo, al igual que en 2006 y en 2012. Aunado a ello, los gobiernos locales, estatales y municipales mantienen una política de olvido a esos problemas porque saben que la federación es quien asume la carga del descrédito. Resulta curioso que eventos críticos que ocurren con fuerzas estatales y municipales no impactan negativamente en sus ejecutivos pero sí en la federación, razón que explica el por qué la federación pretende asumir la responsabilidad y junto con ello los presupuestos y el mando, lo que no toman en cuenta es que una autoridad sin el monopolio legítimo de la fuerza es una autoridad débil que más que gobernar, administra los problemas, y eso sin contar con la herramienta que tendría la federación presionar y controlar a los ejecutivos estatales y municipales.

Está claro que existen muchos factores adicionales a los mencionados pero con este panorama así dibujado podemos entender el rotundo fracaso de las políticas de seguridad que padecemos todos los ciudadanos. Crear una sola policía nacional no es ni será la solución aun cuando pongan  ejemplos de policías centralizadas exitosas como la española o italiana, nuestro particular sistema federal e historia política –la relación entre federación y estados y municipios—no comparte las mismas características que hicieron exitosos esos modelos. Urge entender que la seguridad pública se construye de abajo hacia arriba y nunca al revés. @mundiario