México despenaliza el aborto en un fallo histórico para el país

Marcha por la despenalización del aborto en México. CDMX 28 de Septiembre.
Marcha por la despenalización del aborto en México el 28 de Septiembre en la CDMX. / Danielle Lupin en Flickr.
La Suprema Corte ha anulado por unanimidad el artículo del código penal que castigaba con uno a tres años de cárcel la interrupción voluntaria del embarazo y la asistencia.
México despenaliza el aborto en un fallo histórico para el país

Un histórico fallo judicial despenaliza el aborto en México. Por unanimidad de los ministros en pleno, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado este martes inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba con uno a tres años de cárcel la interrupción voluntaria del embarazo y la asistencia de "la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

La decisión de la Corte supone un precedente para toda la nación al tratarse de una acción de inconstitucionalidad. La Corte ha subrayado que desde este día, las mujeres “y personas gestantes” –como lo han calificado constantemente- no podrán ser castigadas en ningún momento por abortar en México.

"A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional", ha dicho Arturo Zaldívar, el presidente del máximo tribunal constitucional del país. “El Tribunal demuestra así, con hechos y sentencias, que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos”, ha añadido. Se trata de una “nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en su lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos”, ha insistido.

Autonomía de la mujer para decidir sobre la maternidad

El fallo ha salido adelante luego del intenso debate de una causa de inconstitucionalidad que llegaba desde los Estados de Coahuila y Sinaloa, que se ha extendido durante dos días. La Suprema Corte ha explicado que la decisión se ha basado en la autonomía de la mujer para decidir sobre la maternidad, una prioridad que debe estar por encima de otros conceptos sobre la vida prenatal. 

 

“Hablar de una idea de la vida sobrepasa el derecho y un Tribunal Constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones particulares y subjetivas, sino universales”, ha declarado la ministra Margarita Ríos Farjat. “El asidero del derecho penal para sancionar no es potestade del legislador sino de los Derechos Humanos, lo demás son sofismos que obnubilan el problema de las mujeres”, ha añadido. “De lo que deben hacerse cargo los Estados es de garantizar la salud pública y la seguridad”, insistió. “Se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”, agregó, por su parte, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales.

Precedente obligatorio en México

En la práctica, la decisión del Supremo solo invalida el Código Penal del estado de Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que ahora deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados. Hasta ahora, solo en cuatro de las 32 entidades de México se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo (cuya criminalización es competencia local) durante las 12 primeras semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El proyecto que ha respaldado la medida, además, ha sido presentado como “la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”. “El Estado no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible”, ha añadido la ministra Norma Piña.

De acuerdo con datos presentados por las organizaciones, en todo México se practican cada año entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos y un tercio de ellos derivan en complicaciones que requieren atención médica urgente, en muchos casos negada porque el Estado impone penas contra la gestante, pero también contra el personal sanitario que facilita el aborto. @mundiario