Luces y sombras en la batalla contra la violencia de género
En los últimos días se sucedieron varios acontecimientos reveladores: la confirmación de la muerte de una de las dos chicas desaparecidas hace unas semanas en Tenerife, el asesinato de una mujer andaluza de 17 años -embarazada de 4 meses- por su expareja (de 23 años) y la constatación del crecimiento espectacular de los episodios de violencia de género a partir del final del estado de alarma.
Ya sabíamos que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema estructural de las sociedades en las que habitamos. El establecimiento del estado de alarma contra la pandemia congeló temporalmente las estadísticas, confirmando que los episodios de maltrato guardan una relación directa con el nivel de autonomía que poseen las mujeres respecto de sus parejas masculinas. Los casos registrados en Canarias y Andalucía colocan encima de la mesa dos circunstancias muy preocupantes: el incremento de la llamada violencia vicaria y la edad de los hombres causantes de esos actos criminales. A pesar de nacer en unas décadas -años 80 y 90 del siglo pasado- que ofrecían más posibilidades para una socialización en valores favorables a la igualdad entre hombres y mujeres, estos victimarios demostraron un nivel de crueldad que interpela a los distintos responsables institucionales, pero también al conjunto del cuerpo social y, singularmente, a la población masculina.
Si adoptamos la perspectiva temporal de los últimos 40 años, el balance del combate contra la violencia de género ofrece importantes luces y, también, inquietantes sombras. Entre las primeras, destacan dos. Por una parte, el desarrollo de un amplio movimiento de concienciación y protesta pilotado por grupos organizados de mujeres muy activos y con una notable diversificación generacional. Y, complementariamente, el surgimiento de nuevas regulaciones legales y la utilización de mayores volúmenes de recursos humanos y materiales para hacer frente a semejante desafío comunitario. Sin la existencia de la primera premisa -la reacción en el seno de la propia sociedad- no dispondríamos de las normativas y de los dispositivos que, a pesar de las deficiencias que aún presentan, permiten unas posibilidades de actuación que anteriormente no se conocían.
En los últimos años han aparecido algunas sombras en este proceso. La más visible fue la consolidación de una fuerza política –Vox– que niega explícitamente la propia realidad de la violencia de género y que, siendo el tercer grupo parlamentario en el Congreso, rompió con todos los mínimos consensos construidos previamente. Cabe pensar que uno de los elementos explicativos de la influencia electoral alcanzada por la ultraderecha radica en la reacción agresiva de aquellos hombres que ven en peligro el mantenimiento de su rol dominante ante el avance de las ideas feministas y apoyan una involución contundente en este campo. Las sombras más ocultas remiten a las carencias y/o incapacidades persistentes en el ámbito familiar y en los circuitos educativos que dificultan vencer las resistencias que se perciben a la hora de mudar los comportamientos violentos contra las mujeres.
Los sectores comprometidos con la igualdad deberíamos reflexionar sobre la combinación adecuada entre las medidas legales y administrativas cuya actualización resulte necesaria y las acciones que deberían ser promovidas en el seno del propio tejido social. Convendría reconsiderar esa expectativa –aún, muchas veces, operativa– de que la existencia de leyes y recursos por parte de las administraciones públicas aseguran el final, a corto plazo, del maltrato contra las mujeres. La realidad está demostrando que, ciertamente, es una condición necesaria, pero, desgraciadamente, no suficiente para alcanzar ese objetivo tan deseable. @mundiario
