El conocimiento de la represión franquista será estudiado en los colegios
El borrador de la nueva ley de memoria histórica será presentado en el Consejo de Ministros. La propuesta se cuela de nuevo en el debate político de España.
El esbozo contempla, entre otros aspectos que las administraciones públicas serán responsables en la búsqueda de los desaparecidos; a la par se creará un banco de ADN para los represaliados y se elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil.
Quizá te pueda interesar
El Gobierno no planea aún intervenir para controlar los más de 200 brotes
Además, el Ejecutivo incluirá las recomendaciones esgrimidas por la ONU y así mismo planea llevarla a las escuelas para insertar “el aprendizaje de la memoria democrática", según recoge El País.
Al menos 400 personas han participado en la consulta pública del Gobierno para recibir sugerencias sobre la nueva ley de memoria, que ahora se llamará de memoria democrática.
Por otra parte, en el examen periódico del consejo de derechos humanos de la ONU el Ejecutivo acaba de comprometerse a aceptar las recomendaciones planteadas por Francia y Suiza para “garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo”.
En esa línea, la vicepresidenta Carmen Calvo, de cuyo departamento depende la secretaría de Estado de memoria democrática, acaba de visitar la fosa de Pico Rejo, en Sevilla —donde anunció que el Ejecutivo contribuiría con 250.000 euros a la identificación de restos—, y este lunes se desplazaría a París para participar en un homenaje a víctimas del fascismo y a los héroes de la nueve, la compañía que liberó la capital francesa durante la segunda guerra mundial, pero la prolongación de la cumbre europea obligó a suspender el viaje.
Para el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, la represión franquista debe estudiarse en las escuelas. De hecho, el interés “pedagógico” es la principal novedad de la nueva ley, según voceros que trabajan en su redacción. No solo desde el punto de vista curricular, sino en la elaboración de contenidos que los profesores puedan descargar para compartir con sus alumnos, charlas de víctimas en institutos y en el uso de nuevas tecnologías para facilitar la transmisión de ese conocimiento a los más jóvenes.
Igualmente, la nueva ley incluye sanciones por incumplimiento para castigar a Administraciones o entidades que hasta ahora habían remoloneado, por ejemplo, a la hora de retirar símbolos franquistas. El instrumento legal también pretende proteger documentos relativos a la Guerra Civil y facilitar su acceso.
Uno de los mayores problemas en este sentido es la Fundación Francisco Franco, que custodia más de 30.000 documentos históricos. En relación con el Valle de los Caídos, la exhumación del dictador Franco fue el primer paso para resignificar el monumento. A día de hoy en el complejo no hay un solo cartel que explique que fue construido por presos o que alberga los restos de más de 33.800 víctimas, entre ellas, republicanos llevados allí sin el consentimiento de sus familiares. En el fondo la idea del Gobierno es convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y “pedagogía democrática”. @mundiario
