Laxa exigencia de antecentes penales beneficiará a la delincuencia extranjera

Las laxas condiciones impuestas por Podemos a Pedro Sánchez para la legalización de la masa de inmigrantes ilegales actualmente establecidos en España, va a permitir la regularización, según las organizaciones policiales, de un elevado número de delincuentes, como es fácil advertir. Cierto que la inmensa mayoría de estas personas vienen para labrarse un futuro mejor sin más, pero hay colectivos donde es muy elevado el número sujetos detenidos por delitos comunes reincidentes (especialmente en Cataluña), de suerte que la tasa de delincuentes rebasa ampliamente el tanto por gente de personas honradas.

El primer dato a considerar es que las personas regularizables no son medio millón, sino de orden de las 800.000 y que con las condiciones que pone el Gobierno se pueden colar personas no deseables. Las avalanchas que se producen estos días en los consulados, especialmente de Marruecos y Argelia (países que encabezan las cifras origen de los más detenidos, con antecedentes policiales) es un dato de especial relieve. En cuanto a la verosimilitud y validez de los certificados de penales que se obtengan y extiendan, con viene tener presente que en algunos países no están tipificados como delitos hechos que sí lo son en Occidente; aparte de la escasa fiabilidad administrativa que genera la duda de que en determinados países se disponga de los adecuados registros de penados para extender esos certificados que pueden ser un mero papel sin contraste.

Los antecedentes penales de los extranjeros en España son un documento esencial para realizar trámites relacionados con la residencia y la nacionalidad.  Acredita si una persona ha sido condenada por un delito y es requerido para solicitar permisos de residencia, renovaciones y nacionalidad. Los extranjeros deben presentar un certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia español, además de un certificado de penales emitido por la autoridad competente de su país de origen y por las autoridades de los países en los que han residido en los últimos cinco años.

El Convenio de la Haya

En esta cuestión, la comunidad internacional se rige por el denominado Convenio de la Haya, de 1961, firmado por un centenar de países, donde, por cierto, según el último censo oficial de 2024 no figuran algunas naciones con ciudadanos del mismo, asentados de forma ilegal en España. El Convenio de La Haya celebrado supuso creación de la famosa “Apostilla de La Haya", un nuevo sistema de legalización abreviada de documentos públicos, válido para trámites entre los países signatarios. Es un sello oficial que certifica la autenticidad de un documento público para que, una vez traducido, pueda ser presentado en otro país. El referido a este asunto es uno de los 40 convenios de La Haya y fueron impulsados por la "Conferencia de La Haya" (HCCH), una organización intergubernamental constituida en 1893 que tiene como objetivo “trabajar para la progresiva unificación de las reglas de Derecho internacional privado” y está integrada hoy en día por 91 países.

La apostilla es un acuerdo de confianza para que las naciones den por válidos los documentos aportados por otras, en el caso que nos ocupa, las certificaciones que extiendan los consulados respectivos. Los sindicatos policiales temen dos cosas: que se extiendan esos certificados sin rigor y, sobre todo, su efecto sobre delincuentes con antecedentes repetidos dentro de su ámbito, pero que quedan al margen del decreto del Gobierno, dada, sobre todo en Cataluña, la masa de sujetos repetidamente detenidos, pendientes aquí de ser juzgados, y porque no lo han sido no han recaído sobre sus actos condenas firmes, y por lo tanto, no tienen antecedentes. En otros casos, dado que tienen varias identidades y no se conocen las verdadera, ¿cómo se les identifica? Existe un elevado margen de riesgo, pues muchos de los inmigrantes residentes en España proceden de países o zonas donde no consta la existencia de registros de penados.

Lo más insólito es que el decreto de regularización de inmigrantes prevé que, en determinados casos, una simple declaración responsable del interesado de no tener antecedentes penales sea suficiente para acceder al permiso de residencia en España. Así será si el afectado acredita haber solicitado ese certificado en su país de origen o en el que ha estado en los últimos cinco años y las autoridades correspondientes no les responden, ni a ellos ni al requerimiento posterior que también haga la administración española. Pero no acaba ahí la cosa, conforme ya figuraba en su programa, Podemos exige la extensión del voto a los inmigrantes regularizados, sin ni siquiera (como ocurre con algunos países) la existencia de convenios de correspondencia para votar en las elecciones locales. Podemos pide el rápido otorgamiento sin más de la plena nacionalidad a todos los regularizados, sin otras condiciones.

El efecto llamada

Con las medidas del Gobierno de Sánchez y la facilidad para la regularización al margen de toda conducta, se teme no sólo el futuro efecto llamada, sino que muchos extranjeros aprovechen el descontrol para que vengan parientes o amigos que residen en otros países de Europa, o forzar reagrupamientos familiares, sobre todo de la zona del Magreb. En cuanto a la propia forma de llevar el cabo el proceso de regularización, la polémica se ha trasladado al ámbito jurídico, donde crece la crítica al decreto del Gobierno de Sánchez. En ese sentido, el magistrado Jaime Lozano, entiende que un asunto de tal envergadura y efectos no debe sustraerse al Congreso de los Diputados. Este juez ha llegado a decir que se ha tomado “por la puerta de atrás” una decisión que invade aspectos que, en todo caso, corresponden a la Ley de Extranjería en cuanto a ley orgánica que exige otro tratamiento. El aspecto esencial de la cuestión son los antecedentes penales que se convierten en un aspecto irrelevante y sustituible por un mero testimonio personal, cuando es una condición determinante en la legislación de extranjería. A su vez, el Gobierno de Marruecos parece haber atentido la petición de sus nacionales en situación iregular en España para que el Gobierno de España facilite su regularización. Mundiario