Interior agiliza que los presos en semilibertad cumplan la pena en sus casas por el Covid-19
El Ministerio del Interior busca alternativas para evitar que el coronavirus se expanda en las cárceles. En ese sentido, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido un oficio para que las juntas de tratamiento de las prisiones estudien la posibilidad de que los presos que ya disfrutan del tercer grado o se les flexibilizó el régimen de vida en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —como es el caso de los condenados por el procés— puedan permanecer en sus casas sin necesidad de acudir a las prisiones a dormir. Asimismo y como medida de control, propone que se les coloquen pulseras telemáticas o, en su defecto, se realicen llamadas telefónicas aleatorias.
El documento, de acuerdo con El País, contiene nueve medidas que complementan las que ya activó Prisiones en los últimos días y que supusieron la cancelación de los permisos de salida y el fin de las visitas de familiares y amigos a los internos mientras dure el estado de alarma. Sin embargo, Interior decidió mantener las salidas diarias que hacen los reclusos en semilibertad, siempre y cuando fuera para acudir a un trabajo. De la misma manera, se había tomado la precaución de que cuando regresaran a dormir a los Centros de Inserción Social (CIS), pernoctaran en celdas aislados. Algo más de 8.000 reclusos disfrutan de alguno de los tipos de terceros grados contemplados en la legislación penitenciaria.
Como parte del mismo plan, Interior pretende potenciar uno de ellos, el que se rige por el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario y que hace referencia al control telemático. De esta manera, Instituciones Penitenciarias quiere que las cárceles estudien la posibilidad de extender el uso de estas pulseras para reducir lo máximo posible los presos que entran y salen a diario. Esta medida, que es potestad de cada centro, ya se realiza en la prisión donostiarra de Martutene y se ha empezado a aplicar en la de Zaballa (Álava), según fuentes penitenciarias. No obstante, el principal problema es el número limitado de dispositivos disponibles: 2.300. Por ello, el escrito abre la puerta a que, ante su ausencia, ese control se haga con llamadas telefónicas al domicilio fijado por el recluso. @mundiario
