Incendios y omisiones: una tragedia anunciada en Castilla y León
La reciente decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abrir diligencias por la gestión de los incendios del pasado agosto coloca en el foco al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Ambos están denunciados por la asociación Bierzo Aire Limpio, que les atribuye delitos por omisión y falta de prevención ante un desastre que arrasó 140.000 hectáreas y segó tres vidas. No se trata solo de una cuestión judicial. Lo que está en juego es algo más profundo: cómo un territorio afronta su propia fragilidad frente al fuego y hasta qué punto sus gobernantes estuvieron a la altura de una emergencia anunciada.
Una tragedia que pudo evitarse
Los incendios de Castilla y León no fueron una sorpresa. Las alertas meteorológicas, los informes técnicos y los antecedentes recientes —como los devastadores fuegos de la sierra de la Culebra en 2022— apuntaban a un riesgo extremo. Sin embargo, la Junta mantuvo un operativo sin refuerzo suficiente, confiando en un sistema que ya había mostrado grietas.
El argumento oficial se centró en que el dispositivo fue desbordado por condiciones climatológicas excepcionales. Pero esa explicación tropieza con un hecho clave: los informes internos advertían días antes del peligro. Prevenir no es apagar, es anticipar. Y cuando una administración ignora los datos que tiene sobre la mesa, deja de ser víctima del fuego para convertirse, en parte, en responsable del desastre.
El fuego no solo quema árboles, quema también la confianza de la ciudadanía. Cada hectárea calcinada representa una oportunidad perdida para aprender, para reforzar medios, para proteger a quienes arriesgan la vida combatiendo las llamas.
El precio de la descoordinación
Uno de los aspectos más graves señalados por la denuncia es la falta de coordinación entre los cuerpos de extinción autonómicos, municipales y estatales. Hubo recursos que se ofrecieron y no se utilizaron, brigadas que esperaron órdenes que nunca llegaron y medios que no pudieron actuar por falta de personal.
No se trata solo de un error técnico, sino de un fallo de cultura institucional. Castilla y León es una comunidad con un territorio vasto, envejecido y vulnerable, donde el abandono rural y la despoblación hacen del monte un polvorín. La política forestal no puede seguir basándose en la improvisación estival: necesita planificación, inversión constante y escucha activa a los profesionales del sector.
Cuando el fuego se apaga, empieza otra batalla: la de la reconstrucción. Los pueblos afectados sufren ahora las consecuencias de la erosión, la pérdida de suelo fértil y la ruina de su economía local. Y si algo enseña el fuego es que no basta con apagarlo; hay que aprender a convivir con él desde la prevención, la ciencia y la gestión responsable.
Más allá de la justicia, una lección pendiente
La investigación de la Fiscalía puede aclarar si hubo responsabilidades penales, pero el verdadero juicio se libra en la conciencia colectiva. Castilla y León no puede normalizar que cada verano se quemen miles de hectáreas y se repita la misma historia de promesas y excusas.
El fuego nos recuerda que la naturaleza no perdona la desidia. La gestión pública debe asumir que el cambio climático exige otra forma de gobernar: más previsión, más transparencia y menos cálculo político. Porque, al final, cuando arde el bosque, no se quema solo el paisaje: se quema una parte del futuro común. @mundiario