Incendios sin control: la factura del abandono rural y la crisis climática

España vuelve a ser portada por la devastación de sus montes. Galicia, Zamora, León, Cáceres… los nombres se suceden como una letanía de tragedias repetidas. Más de 40 focos activos, decenas de miles de evacuados y un paisaje reducido a cenizas que tardará décadas en recuperarse. Lo preocupante no es solo la magnitud de la catástrofe, sino la sensación de déjà vu: cada verano, los incendios nos sorprenden como si fueran una fatalidad inevitable, cuando en realidad son el resultado de una combinación de abandono rural, falta de planificación y políticas medioambientales reactivas en lugar de preventivas.

La cifra que ofrece Copernicus —344.000 hectáreas calcinadas— no es solo un récord negativo. Es también un espejo incómodo de un país que no termina de aprender. En 2022 ya se habían encendido todas las alarmas con las 306.000 hectáreas quemadas; tres años después, no solo no se ha corregido la tendencia, sino que se ha agravado. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? ¿Dónde están las estrategias de prevención prometidas, los planes de ordenación del territorio, la gestión activa de los montes, la inversión en ciencia climática aplicada a la protección civil?

La política, como siempre, llega tarde y mal. El presidente del Gobierno anuncia viajes a zonas afectadas, la ministra de Defensa reconoce que “no se podrá acabar con los fuegos hasta que remita la ola de calor”, y las comunidades autónomas improvisan evacuaciones y despliegues de medios. Todo ello es necesario, sí, pero insuficiente. La gestión del fuego no puede limitarse a la heroica labor de bomberos y brigadistas —que una vez más ponen en riesgo sus vidas, con víctimas mortales incluidas— mientras el país sigue sin abordar la raíz del problema: un territorio deshabitado, un modelo productivo extractivo y un cambio climático que convierte cada ola de calor en una amenaza incendiaria.

El caso de Extremadura, con el incendio de Jarilla avanzando sobre 12.000 hectáreas y un perímetro de 140 kilómetros, es paradigmático. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una chispa en un polvorín. Lo mismo ocurre en Ourense, donde ya han ardido 60.000 hectáreas, o en Zamora, con el entorno del lago de Sanabria desalojado. No es casualidad que los incendios se concentren en el noroeste peninsular: hablamos de comarcas con gran riqueza forestal pero también con despoblación crónica, envejecimiento poblacional y ausencia de relevo generacional en las actividades agrícolas y ganaderas que, históricamente, mantenían limpio y vivo el monte.

El fuego, en este sentido, es tanto un fenómeno físico como un síntoma social. Arde la biomasa acumulada por años de abandono, pero también arden las costuras de un modelo de desarrollo que ha marginado al mundo rural y lo ha convertido en un paisaje desatendido, cada vez más vulnerable a las llamas. Cuando se habla de “catástrofes naturales”, conviene recordar que lo natural es que los bosques sufran incendios ocasionales; lo que no lo es, ni en frecuencia ni en magnitud, es el escenario que vivimos hoy.

Y detrás de todo esto está el cambio climático, ese elefante en la habitación al que los discursos políticos nombran sin comprometerse del todo. Las olas de calor, más largas e intensas; las sequías, más persistentes; y la desertificación creciente dibujan un mapa en el que los incendios dejan de ser una anomalía para convertirse en la norma. La pregunta no es si habrá grandes incendios el próximo verano, sino dónde, cuándo y con qué capacidad de respuesta.

Lo dramático es que, incluso sabiendo esto, seguimos apostando por la reacción y no por la prevención. El presupuesto en extinción crece, mientras la inversión en gestión forestal integral, en desarrollo rural y en cultura de riesgo sigue siendo marginal. En un país con casi la mitad de su superficie cubierta por bosques, la política forestal sigue siendo un cajón de sastre subordinado a la coyuntura y a los titulares de urgencia.

El balance provisional es desolador: más de 31.000 evacuados desde mediados de agosto, miles de hectáreas perdidas, líneas ferroviarias interrumpidas, y un patrimonio natural y cultural que tardará generaciones en recomponerse. Pero el verdadero fracaso será no aprender nada de esta catástrofe. Si 2025 marca un récord negativo y lo dejamos pasar como una estadística más, en pocos años volveremos a hablar de otro verano aún peor, con más hectáreas, más víctimas y más discursos huecos.

España necesita una estrategia nacional de prevención y adaptación, que no dependa de los ciclos electorales ni de la improvisación. De lo contrario, seguiremos apagando fuegos —literal y metafóricamente— en un país que se resigna a arder cada verano. @mundiario