El Gobierno intenta contener el brote y limita el transporte público al 50% de pasajeros
En España se respira una tensa calma que no hace sino ahondar las preocupaciones sociales de que la crisis sanitaria podría ser el condicionante y, al mismo tiempo, el agravante del sistema de vida en el país que se posiciona como el tercero con más contagios y muertes por la pandemia de coronavirus en todo el planeta. La prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez es evitar una crisis social mucho mayor que lleve el gasto fiscal a niveles de perturbación absoluta para la delicada y tambaleante estabilidad política que la administración socialista de izquierdas polarizadas intenta camuflar.
Y precisamente, una de las estrategias estrictamente políticas ligadas a contener cualquier nueva fase negativa de una crisis social en la nación ibérica es la contención de la movilidad social per se. Es por ello que el Ministerio de Transportes ha remitido a los responsables autonómicos una guía para la reactivación de los transportes públicos en la que propone, entre otras medidas, que la ocupación máxima en el metro, autobús y tren de Cercanías sea del 50% de las plazas de asiento y que los pasajeros que deban ir de pie guarden una distancia mínima de 2 metros cuadrados con el resto de viajeros. El uso de la mascarilla será “altamente recomendable” pero no obligatorio.
Esta medida implica que el proceso de desconfinamiento será progresivo en la medida que la población cumpla con el protocolo de seguridad establecido para que no se produzcan nuevos rebrotes o focos de contagio que expandan el pronunciamiento de la curva de propagación de la Covid-19 en España, que se mantiene bajo constante, aunque leve, caída.
Asimismo, según El País, en el documento titulado “Guía y recomendaciones. Desescalada en transporte urbano y metropolitano”, el Gobierno pide también “establecer limitaciones de acceso a las redes de transporte, como por ejemplo con un sistema de reserva previa de franja horaria”.
Esa sugerencia quiere decir que lo más ideal es la conformación de grupos sociales que se turnen el uso del sistema de transporte público, ya sea por edades o por sectores laborales que requieran el metro en hora pico.
El informe realizado por el departamento que dirige José Luis Ábalos está dividido en tres secciones: gestión de la demanda, gestión de la oferta y medidas de seguridad.
Con esas tres sub-fases, se da inicio a la llamada ‘fase 0’ del plan de desescalada de las medidas de confinamiento bajo la imperiosa urgencia del Gobierno de reactivar la economía antes de que las cargas fiscales y el parón de la actividad económica lleven al Estado a una situación de insolvencia social y quiebra en el financiamiento de las crecientes demandas socioeconómicas atizadas por el impacto de la pandemia.
En el capítulo de la demanda propone “seguir promoviendo el teletrabajo, flexibilizar horarios laborales de entrada y salida con turnos diferentes, retrasar la apertura de comercio y de atención en centros públicos, y la posibilidad de turnos por días en algunos entornos laborales”.
En ese punto clave, la estrategia de gestión pública pasa por administrar el mercado laboral mediante la tecnología y el reordenamiento de la dinámica social en el sector comercial a fin de que el auge del consumo no represente un nuevo periodo de agudización de la crisis sanitaria.
También se indica “el uso de medios activos de movilidad como andar, bicicleta y la micro movilidad, tanto particular como compartida”.
En cuanto a la oferta, el documento señala que “el objetivo es cuantificar la capacidad que corresponde al restablecimiento del 100% de los servicios de transporte, pero aplicando los criterios de ocupación recomendables, en base a los referidos valores del 50% de los asientos ocupados y la separación entre viajeros de pie”.
Respecto a las medidas de seguridad, la más relevante es “la alta recomendación del uso de mascarillas”, aunque el documento no señala que su uso sea obligatorio.
También se propone “la instalación de dispensadores de hidrogel en grandes intercambiadores, el bloqueo de la primera fila de los asientos de autobús con una mampara de protección al conductor; las entradas por la puerta trasera cuando sea posible y mejorar canales de venta, máquinas de autoventa, tarjetas de transporte, canceladoras de billetes, y otras medidas que eviten pago en efectivo”.
Esta batería de medidas es el as bajo la manga que tiene el Estado español para proveer seguridad sanitaria y contener el impacto social, económico y fiscal de la pandemia en el marco de un estado de alarma que refleja el mayor o uno de los mayores períodos de crisis en toda la historia de España. @mundiario
