El Gobierno de Perú aprobó el plan nacional para personas desaparecidas por terrorismo
Desde 1980 hasta el 2000, el terrorismo cobró la vida de 69 mil peruanos ante la insania perpetrada por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Además también se registró la desaparición de 16 mil personas.
El 22 de junio pasado, la gestión del entonces presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000, que fue respaldado por el Congreso de la República. La norma, para ese entonces, dictaminaba que acciones relativas a la recolección, verificación y procesamiento de información que lleven al hallazgo de los desaparecidos, así como la identificación de cadáveres o restos humanos encontrados en las exhumaciones, debían formar parte de un plan integral diseñado por la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Seis meses después, el actual Gobierno aprobó el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual encarga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de las medidas mencionadas para encontrar a las personas que desaparecieron entre la década de los 80′ y el 2000. Tres ejes serán parte de este plan de búsqueda: una gestión de la información (centraliza, ordena e integra los datos existentes sobre los desaparecidos), estrategia de la búsqueda (priorización de casos y acciones de búsqueda propiamente dichas), y cierre del proceso de intervención (respuesta a los casos y entierros dignos).
Cabe destacar que, hace unos días, la ministra de Justicia -Marisol Pérez Tello- autorizó el desembolso de 1.815.923 soles a favor de 232 personas comprendidas en el 21° listado de beneficiarios del programa de reparaciones económicas a las víctimas de la violencia. Todas estas personas se encuentran comprendidas dentro Registro Único de Víctimas (RUV). También se menciona la creación de un registro nacional de sitios de entierro (fosas) y se establecen los mecanismos para buscar los restos de las víctimas del conflicto armado, para que se le devuelva a sus familiares.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentada en el 2003, da mayores luces sobre lo que sucedió en las dos décadas de violencia política-social que azotó al Perú, que fue instado por varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a buscar a los desparecidos de terrorismo. Un ejemplo es del caso La Cantuta, en el que se asesinó a nueve personas, un asesinato cometido por parte del Grupo Colina, que fue creado por el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori, preso en la Diroes por delitos de derechos humanos.
