El Gobierno dicta cómo las autonomías deben prevenir los incendios

Incendio en Tres Cantos. / X.
Tras tres años de retraso, el Ejecutivo aprueba un real decreto que homogeneiza los planes autonómicos para frenar la devastación del fuego.

La catástrofe de los incendios forestales no es un fenómeno nuevo en España, pero cada año adquiere una magnitud más insoportable. Lo demuestran las llamas que arrasaron la sierra de la Culebra en 2022, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Tres veranos después, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que fija los criterios comunes que deberán seguir las comunidades autónomas en la elaboración de sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción. Un paso que llega tarde, demasiado tarde, pero que busca poner orden en un escenario marcado por la descoordinación y la fragmentación territorial.

El Gobierno insiste en que la norma no era imprescindible para que las autonomías cumplieran con su obligación legal de diseñar programas preventivos. Sin embargo, la realidad demuestra que la disparidad de criterios, la falta de estadísticas comparables y la lentitud en la actualización de planes han sido el caldo de cultivo de un problema que crece cada año con mayor virulencia. No se trata de un mero formalismo administrativo: disponer de protocolos claros y homogéneos significa salvar vidas, proteger ecosistemas y preservar un patrimonio natural que se extingue bajo el humo.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado que la competencia de elaborar los planes sigue siendo exclusiva de las autonomías. Y, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la homogenización de criterios técnicos es clave para que el Estado disponga de información actualizada sobre recursos y medios antiincendios. La resistencia de varias comunidades a aceptar lo que interpretaron como una intromisión en sus competencias explica el retraso de tres años. Pero el fuego no entiende de competencias ni de plazos administrativos: arrasa con todo.

Según señala El País, el debate político se entremezcla con la urgencia de un problema estructural. España arde más que nunca, con temporadas de incendios cada vez más largas y menos previsibles. La desestacionalización de los fuegos, confirmada por estudios y recogida en la normativa, obliga a entender la prevención como una tarea continua, de enero a diciembre. Sin embargo, buena parte de la planificación autonómica sigue anclada en modelos que solo refuerzan los recursos en verano. Ese desajuste entre el calendario oficial y la realidad climática es una trampa mortal.

La deuda pendiente de 2022

El real decreto aprobado este martes responde a una obligación marcada ya en 2022, tras un verano devastador que obligó al Ejecutivo a aprobar medidas urgentes y modificar la Ley de Montes. Desde entonces, las comunidades estaban obligadas a diseñar planes anuales. Pero, sin directrices claras, cada autonomía aplicaba sus propios criterios. El resultado ha sido un mosaico de documentos difícilmente comparables y, en muchos casos, poco operativos.

El retraso se explica, en gran parte, por las reticencias de algunas comunidades a aceptar la supervisión del ministerio. Hubo quienes interpretaron la norma como un intento de fiscalización y quienes alegaron que no podían asumir planes anuales por falta de recursos. La consecuencia ha sido un pulso burocrático mientras el país seguía ardiendo. Y cuando la política se enreda en papeles, la ceniza se acumula sobre los montes.

El valor de la homogeneidad

La aprobación de las directrices permitirá que la información recogida en los planes autonómicos se integre en una herramienta estatal de zonificación de incendios. Ese instrumento, todavía en desarrollo, busca facilitar la toma de decisiones y mejorar la coordinación en emergencias. No es un detalle menor: en la lucha contra el fuego, la anticipación es tan valiosa como la capacidad de respuesta.

Más allá de la técnica y la política, la aprobación del real decreto obliga a mirar de frente una verdad incómoda: la prevención ha sido durante años la gran asignatura pendiente en la gestión forestal española. Se invierte más en apagar que en evitar. Se actúa más en verano que en invierno. Y se confía más en la heroicidad de los bomberos que en la planificación de los despachos. El resultado es un país que se emociona con los homenajes tras cada incendio, pero que reacciona tarde cuando la ceniza se acumula. @mundiario