Medidas demagógicas en Argentina para fijar el precio de los medicamentos

El Gobierno argentino volvió a establecer pautas arbitrarias con el fin de controlar los precios de los medicamentos, valiéndose de amenazas de sanciones más una fuerte presión mediática. Con estas medidas arrinconó a los laboratorios nacionales y extranjeros para que se adhieran a la Resolución Nº 90  que los obliga a retrotraer los precios a valores de mayo, congelándolos por 60 días.

En principio, esta iniciativa dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Augusto Costa, fue rechazada de forma álgida por las cámaras farmacéuticas, por considerarla “ilegal y arbitraria”. Pero con el transcurrir del día los productores de estas especialidades, soslayando el tema y cambiando de estrategia, aceptaron bajar los valores como pide el gobierno, indicando que acudirán a la justicia para que se anule la misma.

Con estas acciones las tres cámaras del sector: la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) y la Cámara Industrial de Laboratorios Argentinos (CILFA) pretenden frenar una medida que resulta muy peligrosa, intentando que la justicia deje sin efecto la resolución oficial, y así volver a los valores actuales que según sus criterios son los acordes a la situación que la Argentina está cursando. Entretanto, la Jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner apoyó sustancialmente la decisión de su gabinete, considerando que los aumentos violan los  acuerdos de precios vigentes entre la Secretaría de Comercio y las cámaras del sector.

Por su parte, el último eslabón de la cadena de comercialización, las farmacias, consideran inviable la medida, alertando que la rebaja impactará negativamente en su rentabilidad, además de que las medianas y chicas se verán fuertemente afectadas.

En mi análisis, esta nueva resolución oficial no me resulta sorpresiva más aún cuando es la segunda vez que se produce en lo que va del año (marzo). Además, pretenden congraciarse con la gente, es una medida popular que resulta sumamente peligrosa e inviable para gran parte del sector (seguridad social y farmacias). Las farmacias que no son las formadoras del precio quedaron en el medio del problema y serán las más afectadas del sector. Las razones son múltiples: han recuperado el stock a precios altos y venderán a precios más bajos, el aumento de los costos fijos, el atraso en el pago de las obras sociales que en algunos casos llega a ser de 120 días, el aumento de las paritarias que están en el orden del 30%, la venta de medicamentos fuera de las farmacias, altas bonificaciones (en algunos casos llegan a ser del 17%) para poder llevar adelante las prestaciones, etc. Todos estos puntos hacen que sea un cóctel totalmente explosivo para el sector farmacéutico.

Es muy evidente que el salario que percibe el profesional surge de la venta de este producto, por lo que en una ecuación simple nos damos cuenta como se verá reducida su ganancia, que cuanta más chica sea la oficina farmacéutica más lo padecerá. Con el panorama socioeconómico planteado, y con un simple razonamiento podemos llegar a una doble conclusión:

> que existe un gran desconocimiento por parte de este gobierno de cómo funcionan las cosas, o

> son medidas desesperadas que buscan levantar la imagen negativa que presentan ante gran parte de la sociedad argentina.

Una posible solución

En mi opinión, este nuevo control de precio de los medicamentos es una medida demagógica que, en el contexto actual en el que estamos inmersos, lo que hacen es profundizar aún más la crisis que está sufriendo la farmacia comunitaria, sin dejar de considerar que la problemática debe ser encarada con la intervención del Estado para que se terminen los abusos de parte de los grandes laboratorios, empresas de medicina prepaga y obras sociales.

Otra de las aristas a puntualizar, y quizás la más importante, es que debe darse un real cumplimiento de la Ley Nº 25.649 (de prescripción de medicamentos por su nombre genérico) sancionada el 28 de agosto de 2002; esta fue puesta en práctica con buenos resultados hasta aproximadamente el año 2005; a partir de allí el mercado volvió a estar dominado por el imperio del negocio (premios, lobbies, etc.).

La norma contebida en este enlace pronto ingresará a sus 12 años de vigencia y está muy lejos de estar en total plenitud. La misma fue creada con la idea de darle a la gente una herramienta que le permita elegir un fármaco a la medida de su bolsillo, permitiéndole acceder a remedios de iguales características a los de marca pero mucho más baratos. Si esta última fuera realmente aplicada por el usuario/paciente se evitaría la "connivencia" entre laboratorios, obras sociales o prepagas y los médicos, para que estos  prescriban ciertos medicamentos a cambio de reintegros económicos. A quienes trabajamos en oficinas farmacéuticas nos resulta cotidiano ver como la mayoría de los médicos ya no prescriben por su nombre genérico, como los establece la ley, sino que lo hacen en favor de determinadas marcas, coincidiendo estas maniobras con las más caras del mercado.  

En la actualidad, sucede que el precio de los medicamentos lo fijan los laboratorios, incluyendo el porcentaje de ganancia de las droguerías y las farmacias, el que se ha reducido notablemente. Es muy claro que todos quieren parte de la torta y a las farmacias les toca la menor porción. Esto nos ubica en una situación difícil. Es muy evidente que el ciudadano común desconoce este entramado, y tras llegar a la farmacia con un problema de salud lo que intenta es solucionar el mismo y no irse con otra dificultad, por lo que terminan llegando a gastar el doble, y en otros casos (vacunas, medicamentos especiales, etc.), esa diferencia puede llegar a ser mucho más elevada.

Coincido plenamente con que hay que tener una política de fijación y control de precios, siempre y cuando esta no termine por hundir a la Farmacia, pero también es evidente que existe una ley cabal que les da a los pacientes el control de los precios y que no es aplicada. Considero que se debe volver a las raíces, haciendo que los médicos prescriban por nombre genérico o DCI –Denominación Común Internacional-, lo que dará como resultado que el precio de los medicamentos sea determinado por el consumidor, sin que exista ninguna necesidad de caer en políticas demagógicas. Si esta ley verdaderamente se cumpliera se favorecerá al paciente, a las obras sociales y a las farmacias.