El Gobierno de Argentina usa términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte controversia tras la difusión de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), en la que se emplean términos despectivos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" para clasificar a personas con distintos grados de discapacidad. El documento, publicado en el Boletín Oficial de la Nación Argentina el mes pasado, ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia.

La resolución establece los criterios médicos para determinar la invalidez laboral, un requisito clave desde septiembre de 2024 para acceder a pensiones no contributivas. En el apartado titulado "Retardos Mentales", la normativa clasifica a las personas según su nivel de discapacidad con categorías ofensivas y anacrónicas, donde se especifica que solo quienes presenten "debilidad mental profunda o mayor" podrán recibir una pensión.

Siete organizaciones de derechos humanos y entidades defensoras de las personas con discapacidad, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han presentado un reclamo administrativo exigiendo la derogación urgente de la resolución.

En su denuncia, sostienen que la normativa "viola flagrantemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", instrumento internacional ratificado por Argentina que establece un enfoque basado en la dignidad, igualdad y participación plena de las personas con discapacidad.

La abogada Agostina Quiroz, representante del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, advirtió que el uso de estos términos "refuerza prejuicios históricos y profundiza la discriminación". En declaraciones a la agencia EFE, la abogada consideró que "resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a esos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos".

Las organizaciones denunciantes han señalado que la resolución mantiene un criterio médico obsoleto, que mide la invalidez basándose exclusivamente en deficiencias individuales, sin considerar el modelo social de discapacidad, que es el adoptado por la Convención de la ONU.

Según Quiroz, el modelo médico busca "normalizar" a las personas con discapacidad a través de tratamientos, mientras que el modelo social entiende la discapacidad como la interacción entre las características de la persona y las barreras del entorno. En este sentido, el enfoque moderno no pone el foco en la persona y sus limitaciones, sino en las responsabilidades del Estado y la sociedad para garantizar su plena inclusión.

En un comunicado oficial, la ACIJ subrayó que "no existen personas inválidas para trabajar, sino contextos que no brindan los apoyos necesarios". Esta postura refuerza la idea de que todas las personas, independientemente de su discapacidad, pueden desempeñar funciones laborales si cuentan con adaptaciones y asistencia adecuadas.

"El hecho de que la Administración pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas", explicaron desde la organización.

La ANDIS, al reconocer su error este jueves, admitió que los términos utilizados son ya “obsoletos” y “discontinuados”. En un comunicado, la agencia aclaró: “Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”. Además, el comunicado señala que la normativa incluyó un anexo con términos que, aunque históricamente se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, han sido descontinuados en la actualidad.

El reconocimiento del “error” por parte de la ANDIS se produjo tras un revuelo mediático y la presión ejercida por un grupo de siete organizaciones argentinas dedicadas a los derechos humanos y a la defensa de las personas con discapacidad. Estas organizaciones ya habían interpuesto el 3 de febrero una reclamación administrativa que solicitaba la derogación de la normativa, argumentando que esta violaba los derechos de las personas con discapacidad.

El uso de terminología discriminatoria en un documento oficial representa un grave retroceso en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. Más allá de la controversia inmediata, este caso expone la necesidad urgente de revisar las políticas estatales y garantizar un enfoque de inclusión y respeto.

En un país que ha ratificado tratados internacionales en defensa de la discapacidad, resulta contradictorio que el propio Estado emplee términos despectivos que refuerzan estigmas y desigualdades. Tras lo ocurrido,  organismos internacionales y especialistas en derechos humanos han comenzado a analizar medidas legales y de presión para que Argentina cumpla con sus compromisos internacionales en materia de discapacidad.@mundiario