Galicia en llamas: la Costa da Morte y Ourense enfrentan una crisis forestal
Una vez más, el verano gallego arde. No es un fenómeno nuevo, ni tampoco imprevisible, pero sí profundamente inquietante por su reiteración y por la sensación de que cada año se gestiona más como una emergencia puntual que como el síntoma crónico de un problema mal resuelto. Este fin de semana, la comunidad gallega ha vuelto a sufrir una oleada de incendios forestales que ha calcinado al menos 920 hectáreas entre la Costa da Morte y el sureste de Ourense. Las imágenes son impactantes, pero no sorprendentes. Son la cara más visible de una Galicia que continúa presa de su vulnerabilidad rural, sin un modelo de gestión del territorio que impida que el fuego lo arrase todo a su paso.
En el municipio coruñés de Ponteceso, en plena Costa da Morte, tres focos en las parroquias de Cospindo, Brantuas y A Graña han quemado ya unas 350 hectáreas, obligando a cortar carreteras y desalojar zonas recreativas como la playa de Balarés. A la misma hora, en Vilardevós (Ourense), otro incendio activo desde el viernes por la noche ha arrasado 570 hectáreas, con una evolución preocupante pese a los esfuerzos de los equipos de extinción. Y aunque las autoridades, como la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se esfuerzan en transmitir tranquilidad —hablando de “estabilidad” y “perímetros controlados”—, lo cierto es que el fuego sigue amenazando viviendas y el pronóstico meteorológico no ayuda.
El patrón es conocido: altas temperaturas, vientos cambiantes, humedad baja y un territorio lleno de combustible natural. Sin embargo, reducir esta oleada de incendios a factores climatológicos sería simplista y hasta irresponsable. Galicia arde porque su modelo territorial está roto, porque el abandono del medio rural ha convertido los montes en una selva desordenada, llena de maleza, sin vigilancia constante ni una planificación preventiva eficaz.
Tampoco puede pasarse por alto la sospecha constante de causas humanas, como se plantea en el caso del foco de O Couto, en Cospindo, donde todo apunta a un posible fallo en una línea de alta tensión. Es decir, fallos en infraestructuras clave, sin revisión ni mantenimiento adecuados en zonas de alto riesgo. ¿Cuántas veces más tendrán que repetirse estos episodios para que se ponga en marcha un plan integral de prevención, más allá del despliegue reactivo de brigadas cuando ya es demasiado tarde?
Mientras tanto, los servicios de emergencia —muchos de ellos con recursos limitados y condiciones laborales precarias— hacen frente al fuego con valentía y profesionalidad. Pero su papel no debería ser el de bomberos de última hora, sino parte de un sistema coordinado, con inversión en vigilancia, en limpieza de montes, en educación ambiental y en responsabilidad institucional compartida entre Xunta, ayuntamientos y Gobierno central.
Este fin de semana, las autoridades han tenido que suspender actividades deportivas al aire libre en varias comarcas, ante la ola de calor que afecta sobre todo al sur de Pontevedra y a parte del interior de A Coruña y Ourense. Son medidas necesarias, pero también parches que evidencian la urgencia sin atacar la raíz. Si cada año se repiten los mismos incendios en las mismas zonas, con los mismos patrones, ¿qué impide adoptar soluciones estructurales?
Galicia necesita una nueva política forestal, no basada en el combate del fuego una vez iniciado, sino en evitar su propagación desde la base: con reordenamiento del monte, fomento del mosaico agroforestal, apoyo a quienes viven y trabajan en las zonas rurales, y un plan energético que minimice riesgos. Porque el verano gallego no puede convertirse en sinónimo de llamas, ceniza y evacuaciones.
Si no se actúa ya, el futuro seguirá oliendo a humo. @mundiario