El fiscal suizo archiva la investigación sobre la donación de 65 millones de euros a Juan Carlos I

El Rey emérito, Juan Carlos I. / Pixabay
Rey Juan Carlos I. / Pixabay
El fiscal suizo Ives Bertossa no ha podido acreditar que esos fondos tuvieran un origen ilícito.
El fiscal suizo archiva la investigación sobre la donación de 65 millones de euros a Juan Carlos I

El fiscal suizo Yves Bertossa ha cerrado parcialmente la investigación que realizaba desde el año 2018 sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen como a diversos gestores, Arturo Fasana y Dante Canonica, y banqueros. Esa fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares, 65 millones de euros, realizada en 2008 por el ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí. Los 65 millones de euros fueron ocultados por el entonces jefe del Estado español en una estructura opaca, la mencionada Fundación Lucum, administrada por Fasana y Canónica.

La Fiscalía de Ginebra explica en un comunicado difundo este lunes que la investigación ha establecido que, además de los 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, "Juan Carlos I o Corinna Larsen" han recibido otros pagos en Suiza: 1.895.250 dólares en efectivo, cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahrein. "Todas estas transferencias no estaban suficientemente documentadas por los demandados", sostiene.

La Fiscalía suiza constata que "el uso de una fundación y de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas demostraba una voluntad de ocultación".

"Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados", afirma.

Sin embargo, la investigación "no ha establecido suficientemente un vínculo" entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del AVE a La Meca.

El archivo del caso se debe, por tanto, a la "falta de pruebas" del delito de blanqueo de capitales. No obstante, las costas del procedimiento, que ascienden a 200.000 francos, se han imputado a los investigados.

Los fiscales españoles están a la espera de que Bertossa les envíe documentación bancaria solicitada hace meses antes de proceder al archivo de la investigación abierta en España sobre los manejos económicos de Juan Carlos I.

Condena al banco Mirabaud & Cie

El fiscal Yves Bertossa ha condenado a pagar una multa de 48.000 euros al banco Mirabaud & Cie por no haber informado al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), un organismo suizo que vigila las transacciones bancarias y combate el blanqueo de capitales, de una transferencia de cinco millones de dólares que en diciembre de 2010 recibió Corinna Larsen en su cuenta en esta entidad bancaria, según señalaron a este diario fuentes cercanas al caso. El dinero se ingresó semanas después de que Juan Carlos I visitara ese país y se reuniera con el emir de Kuwait. La consultora alemana argumentó que se trataba de un pago por las gestiones que ella llevó a cabo en favor de distintas empresas. Luc Thevenoz, el representante del banco, señaló ante el fiscal que el ingreso se justificó “con una carta más que un contrato”.

La Fiscalía señala en el auto de sobreseimiento que “numerosos elementos requerirían que el banco procediera a una comunicación, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico”.

El archivo de la causa supone, también, la exoneración de responsabilidad de Yves Mirabaud, presidente del banco, que había sido imputado durante la investigación por falta de diligencia en el control de la cuenta de Juan Carlos I y por no haber informado al MROS del ingreso de los 65 millones. La existencia de la cuenta del rey emérito solo la conocían los seis socios del banco y el contrato se guardó en una caja fuerte.

El comunicado de Corinna Larsen

Corinna Larsen ha indicado que en el día de hoy "finalmente" ha sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años. Y ha apuntado que su inocencia "era evidente desde el principio", por lo que ha lamentado que "este episodio ha servido para dañar aún más" su imagen.

"Este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes", añade.

Cabe recordar que Larsen ha demandado al rey emérito ante los tribunales londinenses, demanda que se dirime precisamente en estas fechas. La empresaria asegura que el CNI, y el que fuera director del mismo, Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos I la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno "bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores".

En el marco de ese escrito, aseguró haber "sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos". Insistió, además, en que "ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia" por parte del rey emérito, por lo que también pidió que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

En la vista celebrada la semana pasada, la defensa del rey emérito aseguró que "Su Majestad goza de inmunidad" y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen. En su demanda, la que fuera amante del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

El fiscal suizo archiva la investigación sobre la donación de 65 millones de euros a Juan Carlos I
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