Farmacias de la provincia de Buenos Aires cortan todas las prestaciones a los jubilados

Las farmacias bonaerenses van a un corte total de las prestaciones, dejando en claro que "no es un paro político". Es una medida "desesperada" de los 7.500 profesionales involucrados.

Desde hace algún tiempo, el sector farmacéutico argentino está padeciendo un gran dilema, y es como sostener sus prestaciones sin debilitar el servicio sanitario, una realidad que, a pesar de los intensos reclamos, no puede ser revertida o más precisamente no es escuchada.

Es bien conocido que, en 2001/2002, la Argentina padeció una considerable crisis económica en la que la Seguridad Social estaba al punto del colapso, amenazando con dejar sin cobertura a la población, es allí donde las farmacias resignaron gran parte de su honorario profesional  brindando descuentos excepcionales a los convenios con el PAMI y demás obras sociales; de este modo colaboramos en mantener la cadena de distribución del medicamento. Pese a que la emergencia se superó hace varios años esa cesión extraordinaria que hicieron las farmacias no se ha logrado normalizar.

A  todo esto se le suma que, en la actualidad, estamos en un contexto inflacionario con incrementos permanentes de los costos fijos (servicios, insumos y un legítimo incremento salarial de los trabajadores de farmacia en porcentajes acordes a la inflación reinante). A su vez, estos costos se vieron incrementados como consecuencia de un aumento del trabajo administrativo y logístico, en contraposición de lo que ocurrió en la industria farmacéutica.

A esta erosión o ataque permanente del honorario profesional hay que sumarle la venta de medicamentos por canales ilegales (ventas directas por parte de laboratorios a clínicas, sanatorios y otros establecimientos sanitarios), además de la venta de fármacos, de venta libre, en lugares no establecidos por la legislación vigente (supermercados, estaciones de servicios, polirubros, etc.). Estas acciones  representan un riesgo para la salud de la población y una variable más del deterioro que está padeciendo la economía de la farmacia.

Por otra parte, están los convenios del PAMI (obra social de los Jubilados y Pensionados), en donde la unión de los laboratorios y el Estado, para brindar cobertura en medicamentos a sus afiliados, utilizan a las farmacias como una bisagra; ellas son quienes financian el aumento de los consumos y soportan los atrasos en los pagos correspondientes a esta prestación.

Este último punto se da en todas las Obras Sociales o Prepagas, transformándose en una de las aristas que más erosiona el honorario profesional, más aún considerando el contexto económico que vive la Argentina. Nuestro sector  está financiando entre 90 y 120 días el trabajo y servicio prestado, y si a esto le sumamos que la farmacia paga a sus proveedores en plazos que varían entre los 7 y 14 días es muy evidente que el sistema entró en su colapso definitivo, donde se destacan dos alternativas muy significativas:

1) el Estado aumentó su cobertura a los ciudadanos,

y 2) las farmacias sufren la mayor contracción económica de su historia; es aquí en donde también influye el aumento de las paritarias que va a contramano del aumento del precio de los medicamentos, el que es establecido por la industria bajo la presión del gobierno.

En estas condiciones, la continuidad del servicio farmacéutico se hace inviable ya que en algunos casos no llegan a cubrir sus propios costos viéndose afectada su dinámica económica y laboral.

Es así que la dirigencia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires coinciden en que se debe evitar comprometer una profesión que bien utilizada trae muchos beneficios a la comunidad y al sistema sanitario, intentando conservar nuestro esencial y activo rol comunitario, haciendo o bregando por sostener un modelo de farmacia cada día más profesional para lo cual es necesario equilibrar positivamente la balanza de la rentabilidad.

Como una consecuencia lógica, los representantes farmacéuticos de toda la provincia de Buenos Aires en reunión extraordinaria, el pasado 6 de septiembre, anunciaron con antelación un medida gremial para el día viernes 12, ya que Pami no cancela la deuda que mantiene con las farmacias bonaerenses, dejando en claro que no es un paro político. Es una medida desesperada de 7500 profesionales que reclaman lo que les corresponde por su trabajo.