El expediente de los giros negros en la ciudad de México

En la economía del deseo de la Ciudad de México, hablar de striptease, es hablar de giros negros con toda la carga ideológica que esto supone. A finales de la década de los ochenta se inauguró el primer bar tipo table dance (Tabares) en la capital mexicana. De entonces a la fecha podríamos llegar a una conclusión que de ninguna manera parece desmesurada: La incapacidad y sesgo de quienes instrumentan políticas públicas en esta materia obedece más a los intereses y ambiciones partidistas locales y federales, que a la capacidad e interés de generar bienes públicos por parte de los policy makers. Además las externalidades generadas debido a la decisión de no decidir ha provocado que se dispare la oferta de la prostitución on line en la Ciudad de México. Resulta curioso que desde la emergencia de los table dance, la capital mexicana haya sido gobernada por un partido de izquierda, y sin embargo; su comportamiento en relación a la moral pública y a las ofertas sexuales luce más bien conservadora… parece más bien de derecha para decirlo sin ambages.

Existe suficiente evidencia empírica como para afirmar que los distintos gobiernos no han tenido la voluntad política para visibilizar este trabajo sexual y reconocer jurídicamente su oferta. Casi desde su inauguración estos establecimientos eróticos han operado con licencias de funcionamiento inadecuadas, ya que no se encuentra tipificada esta oferta lasciva en ningún ordenamiento específico. Este limbo jurídico ha puesto en una situación de vulnerabilidad a miles de bailarinas mexicanas y extranjeras que han desfilado en las pistas del baile erótico. Irónicamente, son los propios propietarios quienes ahora abogan por su regulación. No es que les preocupen mucho los derechos laborales de las bailarinas, sino ya no quieren ser blanco de extorciones por parte de las autoridades locales y federales.

Los antecedentes: El expediente Lobohombo

La madrugada del 20 de octubre de 2000 un corto circuito provocó un trágico incendio en una discoteca ubicada cerca del centro de la ciudad de México. El saldo fue de poco más de veinte muertos. Irregularidades como salidas de emergencia bloqueadas y el horario de operación del lugar, causaron fuerte irritación a la opinión pública. Pronto se supo que los dueños de esta      discoteca poseían también más de treinta establecimientos de table dance. También se conoció que dichos lugares operaban con permisos o amparos otorgados por distintos jueces, de hecho el mismo día que se daba cuenta del siniestro, cierto diario de circulación nacional titulaba a ocho columnas: “Irán contra jueces”.

La Delegada de la demarcación en donde se encontraba la discoteca, Dolores Padierna, hizo declaraciones apresuradas  responsabilizando a los jueces que expedían amparos a giros negros que funcionaban sin la seguridad suficiente.

El 22 de octubre, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, anunció ampliamente que ella misma realizaría operativos express para conocer las condiciones en que operan los distintos lugares de diversión nocturna. Tres días más tarde el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, advertía que su gobierno también realizaría operativos en centros nocturnos. Ese mismo día la catástrofe fue cobrando tintes políticos, ya que los abogados de este corporativo, desempolvaron una averiguación contra autoridades delegacionales a quienes se acusaba de extorsión. La Administración de esta Delegación responde con la clausura de los principales table dance del corporativo. Esto tras amplios operativos en los que participa la Jefa de Gobierno, Rosario Robles: “No es para terminar con la vida nocturna de la ciudad” insistía la funcionaria se dicta auto de formal prisión a cuatro trabajadores de uno de estos establecimientos a quienes se acusa de lenocinio. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamenta el proceder de los operativos.

El 27 de octubre, Alejandro Iglesias Rebollo, una de las cabezas visibles del corporativo, obtiene un amparo Federal para evitar su detención; para entonces nadie conoce el paradero  de éste. Los operativos se incrementan, y algunos formadores de opinión vierten sus puntos de vista en torno al asunto de los table dance y de los giros negros.

El 1 de noviembre la Delegada de la demarcación en donde se concentran la mayor parte de los table dance, Dolores Padierna, ahora acusa a la Administración pasada por no advertirle del caso de la discoteca como un “asunto relevante o de extrema urgencia”.

Al siguiente día brota otro conato de incendio: el diputado panista, Francisco Solís, denuncia que  miembros del Partido de la Revolución Democrática (partido al que corresponden las autoridades locales) y el Grupo Tittanium (corporativo que posee la discoteca siniestrada y más de 30 table dance) entablaron vínculos y compromisos durante la campaña electoral. Los periódicos publican manifestaciones en donde se observan mantas que contienen leyendas en abierto apoyo a los candidatos del PRD. Estas fotografías despiertan todo tipo de suspicacias.

El 4 de noviembre se dicta auto de formal prisión por el delito de falsedad en declaración a Antonio Gress, presunto apoderado legal del después prófugo Alejandro Iglesias. Gress también fungía como socio del Lobohombo. Los operativos arrecían. El PRD se defiende argumentando que las fotografías las tomaron miembros de Seguridad Nacional.

El 9 de noviembre el periódico Reforma da a conocer que Dolores Padierna, Jefa de la demarcación delegacional, recibió información sobre las irregularidades con las que operaba Lobohombo a través de un libro blanco, un expediente con permisos, planos y revalidaciones de licencias. La respuesta de la funcionaria es que dicho expediente ya se encontraba en la Contraloría Interna, y además que cierto material aportado por su Administración fue robado de sus oficinas. “Si hubieran votado a favor de mi comparecencia les hubiera entregado a los Diputados todo el expediente. No estarían ahí contratando gente en la Delegación para robar documentos.”

Hasta estas fechas dos cosas eran evidentes: por un lado, las irregularidades con que laboran en la Ciudad de México bares y discotecas, y no sólo en la parte operativa sino, sobre todo en la regulación obscura con que las regulan las Administraciones locales; por el otro lado, el desgaste que había provocado al Partido de la Revolución Democrática el siniestro del Lobohombo. Tan es así que, el día 10 del mes en curso, los periódicos publican que “dicen perredistas que el mal manejo informativo tanto del incendio como de sus consecuencias afectó a su partido”. Sin embargo ese mismo día, otra vez el periódico Reforma hizo público un oficio en el que se le avisaba con mucha antelación “el impacto negativo” de esta discoteca para la zona. Incluso se recomendaba clausurarla permanentemente.

Los operativos contra giros negros se extendieron a otras áreas y la Contraloría de la Delegación investigaba el caso Lobohombo para saber si se fincaba responsabilidades a funcionarios locales.

Los hechos ocurridos a partir del incendio de la discoteca Lobohombo puso al descubierto muchas de las irregularidades y corruptelas y, al mismo tiempo, mucha de la desinformación y la ignorancia con la que las autoridades (e incluso medios de información) perciben el problema.

Sintetizando, el tema de los table dance se derivó a partir del siniestro de un discoteca en propiedad de un corporativo que poseía más de treinta table dance. El asunto espinoso de los amparos surge a raíz de las acusaciones que hace la Delegada Política en esa demarcación, Dolores Padierna, y el Gobierno de la Ciudad de México a Jueces distintos por permitir que giros negros trabajen gracias a los amparos otorgados; por lo tanto no pueden actuar legalmente contra estos establecimientos. Los jueces desmienten el haber solapado con amparos ni las actividades de la discoteca incendiada ni de otros giros negros. El Gobierno de la Ciudad  realiza operativos para verificar la seguridad de los centros nocturnos. En total, se revisaron 250 establecimientos, 92 han sido clausurados por operar con irregularidades y sólo dos lugares pudieron restablecer sus operaciones.

Sin embargo, el problema de los table dance se politizó debido a que el Diputado panista Francisco Solís, denuncia que miembros del PRD capitalino y del corporativo Titannium entablaron vínculos durante la campaña electoral; los primeros buscando apoyo económico de este grupo y los segundos concesionando en caso de que los candidatos del PRD resultaran ganadores y se  convirtieran en las nuevas autoridades de esa demarcación: la Delegación Cuauhtémoc. El mismo Diputado también presentó fotografías en las que aparecen mantas con leyendas de apoyo político del corporativo en mítines perredistas. La respuesta del PRD capitalino fue muy débil al afirmar que no estaban enterados de dicho apoyo y que desconocían a las cabezas de este corporativo.

Las pesquisas de la Procuraduría capitalina señalaron como presuntos responsables de la tragedia de la discoteca Lobohombo a Alejandro Iglesias y Antonio Gress, quienes fueron reconocidos como los operadores de los 32 giros que funcionaban con irregularidades. Se les acusó de lenocinio, falsedad de declaraciones y homicidio doloso, aunque sólo Antonio Gress fue detenido. La situación jurídica del segundo fue de prófugo. Los abogados de ambos acusan a funcionarios de la Delegación de cobrarles “cuotas” por el funcionamiento de los centros nocturnos. Dos funcionarios de la delegación fueron acusados por brindar protección a los establecimientos de este corporativo. Pero los operativos suscitaron más y mayores acusaciones que señalaban a otras instancias de Gobierno.

Las instancias federales

Como ya habíamos comentado con anterioridad, el expediente del table dance en nuestro país contiene participación  de instancia no sólo local sino que en él participan organismos de estructura Federal como es la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Ciertos propietarios de establecimientos que ahora se conocen como table dance acusaron públicamente a funcionarios del INM y de la PGR de extorsionarlos para evitar que las bailarinas extranjeras fueran deportadas. Estos socios accionistas explicaron que deben pagar hasta mil 500 dólares para liberar a cada bailarina extranjera detenida en los operativos de estos institutos Federales.

Sin embargo, y a pesar de que muchos de los operativos se realizaron de manera conjunta entre estos dos organismos federales, el Instituto Nacional de Migración insistía en que la Procuraduría General de la República omitía las actividades ilícitas de las bailarinas extranjeras por lo que resultaba jurídicamente imposible su deportación.  Incluso los propios funcionarios del Instituto caían en contradicciones, pues mientras el Coordinador de Regulación, Javier Dueñas, afirmaba que “el Instituto no está facultado jurídicamente para realizar operativos en centros de table dance, y se limita a determinar la pena a los extranjeros puestos a disposición de la PGR con base en los elementos presentados por esa corporación”. En contrasentido, la Coordinadora de Control y Verificación, Irma García, proporcionó información según la cual todas las extranjeras puestas a disposición de esta instancia han recibido una orden de abandono.

El escenario actual

Durante más de veinte años has prevalecido los arreglos privados entre autoridades locales y federales y, los propietarios de los establecimientos de table dance en la Ciudad de México. Al parecer a muchos ha convenido este limbo jurídico que ha campeado en la operación de esta actividad erótica. Sin embargo, era un secreto a voces que estos lugares eran los negocios perfectos para el lavado de dinero, ya que es difícil foliar los boletos y mucho menos declarar al fisco el volumen de bailes que ofrecían las bailarinas, de manera privada o colectiva.  Además, este tipo de oferta no era susceptible de deslindarse de expedientes de muy alto reclamo social como es la trata y el tráfico de mujeres. Por lo que muchos políticos trataron de curarse en salud, atacándolos debido a que luce políticamente correcto. No estaban dispuestos a comprometerse con la instrumentación de política pública que lograra su regulación y generara un bien público.  

Así pues, en los últimos dos años ha privado la política abolicionista en la Ciudad de México. No se optó por su segregación ni por su regulación. Se clausuraron lugares para dar la impresión que se estaban “rescatando” a las bailarinas de mafias que las esclavizaban. Como puede adivinarse esto es exactamente lo mismo que han hecho otras administraciones. Las declaraciones  del representante del Partido Verde en el año 2014 no dejan dudas: “Todo espectáculo erótico con desnudos o semidesnudos en la Ciudad de México serán prohibidos debido a que se practica la trata de personas.”

El cierre masivo de este tipo de espectáculos provocó que en abril de 2015, casi doscientas trabajadoras y trabajadores se pronunciaran en las puertas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Las consignas rezaban: “Somos bailarinas, no somos prostitutas” o “Queremos regulación, no criminalización.”

Dicha acción colectiva fue organizada por una asociación civil recién formada y que fue registrada como Asociación de Bares y Centros Nocturno. Su representante declaró cual era el propósito conspicuo de esta asociación: “Quienes integran la asociación ya no están dispuestos a que el baile erótico siga siendo relacionado con la prostitución y menos aún con el delito de trata de personas.” Al parecer, los propietarios de algunos establecimientos que conformaron esta asociación civil trazaron una estrategia muy convincente. Desincentivar la prostitución dentro de los recintos de table dance mediante la cancelación de bailes privados. En otras palabras, la prohibición de contacto físico entre el cliente y la bailarina. Todo esto con el ánimo de que se le entienda como una expresión cultural, para así facilitar su regulación en la Ciudad de México.

Este mismo año, el influyente periódico mexicano Reforma daba a conocer una serie de extorsiones y secuestros por parte de ex-policías federales en contra de 15 bailarinas extranjeras de nacionalidad argentina, colombiana, venezolana y uruguaya. Los otrora funcionarios públicos fueron encarcelados, pero este episodio resulta sintomático de la vulnerabilidad con la que ejercen el table dances en la Ciudad de México las bailarinas, especialmente cuando son extranjeras. Habrá que encender las luces de estos giros negros para observar con más claridad quienes están resultando beneficiados por el hecho de que estos recintos sigan en penumbras… y más importante, habría que preguntarle a las trabajadoras sexuales, cuales son las condiciones en las que pretenden trabajar, ya que por el estigma social de esta actividad, difícilmente las bailarinas saldrán a la calle para hacerse visibles y reclamar sus derechos.